RESERVA FORESTAL DE SERRA DO CACHIMBO, Brasil — Una neblina humeante y asfixiante flotaba sobre una exuberante reserva del bosque tropical en la Amazonía brasileña el mes pasado, a medida que se dispersaban por la selva los incendios provocados por ganaderos que de manera ilegal criaban ganado en terrenos protegidos.
Desde las alturas, se podían detectar una decena de incendios en la reserva natural de 342.000 hectáreas.
Los incendios, aunque sumamente devastadores para la Reserva Forestal de Serra do Cochimbo, solo representaban una pequeñísima parte de la cantidad total de las vastas extensiones en llamas de la Amazonía: 26.000 registradas en agosto, la cantidad más grande en una década.
La enorme escala de los incendios registrados en Brasil durante este verano generó una alerta global sobre los riesgos que plantean para el bosque tropical más grande del planeta, el cual absorbe dióxido de carbono y contribuye a que no aumente la temperatura del planeta.
Esto no tendría que ser así.
Hace diez años, se llegó a un acuerdo que pretendía ayudar a terminar con las devastadoras prácticas de los incendios intencionados.
En 2009, las tres empacadoras de carne más grandes de Brasil firmaron un acuerdo con el grupo ambientalista Greenpeace para no comprarles ganado a los productores que criaban a sus reses en las zonas recién deforestadas.
Se buscaba que este plan fuera un modelo para el mundo: una colaboración entre la industria privada y los ambientalistas, el cual beneficiaría a ambos sectores.
Para Greenpeace, el acuerdo brindaba una solución a una de las principales causas de la destrucción del bosque tropical. Según la Yale School of Forestry and Environmental Studies, la industria ganadera es responsable de hasta el 80 por ciento de la deforestación realizada en los últimos años.
Para las empacadoras de carne, el acuerdo eliminaba la presión derivada de una creciente campaña ambientalista internacional contra ellos y las amenazas de boicots contra los comerciantes de carne.
No obstante, las promesas hechas por esas tres empresas —JBS, Minerva y Marfrig, las cuales manejan alrededor del 50 por ciento del ganado vacuno que se cría en la Amazonía— solo se han cumplido parcialmente, según los fiscales, los ambientalistas y los académicos que estudian la industria ganadera.
La incapacidad de cumplir con los elementos determinantes de esta ambiciosa promesa —cuyo cumplimiento siempre iba a ser un desafío— es una de las principales razones por las que la Amazonía está en llamas.
Según los investigadores de la Universidad de Wisconsin, la ganadería ha sido responsable de la deforestación adicional de 4.662.000 hectáreas —equivalente al área de New Hampshire y Vermont— desde el pacto de 2009.
Al percatarse de que las empacadoras de carne no estaban cumpliendo sus compromisos, Greenpeace se salió del acuerdo en 2017.
“Vimos que no cumplían con lo que habían prometido”, comentó Adriana Charoux, la principal activista de Greenpeace en la Amazonía. “Podían haber hecho mucho más. Los mataderos están haciendo el mínimo esfuerzo”.
DE JAGUARES A VACAS
En septiembre, los incendios abundaban en la Reserva Forestal de Serra do Cachimbo, decretada por el gobierno de Brasil hace quince años como una zona silvestre intacta sin acceso a ninguna actividad comercial.
Pero al conducir por los puentes chirriantes, construidos por los ganaderos de esta reserva, es fácil descubrir actividades ganaderas ilegales, al igual que en toda la Amazonía brasileña. Donde solían vagar nutrias gigantes y jaguares, ahora eran pastizales para el ganado.
Estaba a la vista una granja de 1092 hectáreas, Fazenda Canaã, construida en la reserva del bosque tropical más o menos en 2013. La selva que había en estos terrenos fue remplazada por una sabana abierta como tierra de pastoreo para sus 400 cabezas de ganado.
Para un peón que trabajaba ahí, el cambio de bosque tropical a tierra de cultivo productiva parecía un buen acuerdo.
“Lo correcto es dejar que la gente trabaje”, comentó Isaías Hermogem, mientras vigilaba al ganado que pastaba en un claro bordeado de árboles de papaya y coco. “Hay que abrir un espacio más grande”.
MUCHOS GANADEROS HAN SEGUIDO ESTE CONSEJO.
Fazenda Canaã es solo uno de al menos 71 ranchos en Serra do Cachimbo, y, al parecer, están aumentando tanto en cantidad de ellos como su tamaño. En agosto, justo cuando los incendios en aumento de la Amazonía captaron la atención de un mundo en vías de calentamiento, Fazenda Canaã extendió su territorio con más incendios.
En Brasil, se crían cerca de 200 millones de cabezas de ganado, y unos 45 millones de hectáreas de bosque aproximadamente —el tamaño de California, junto con Massachusetts y Nueva Jersey— se han convertido en pastizales para el ganado en las últimas décadas, de acuerdo con la Yale School of Forestry.
La ganadería genera más de 6000 millones de dólares en ingresos anuales por exportaciones, y cerca de 360.000 empleos. Gran parte del ganado de exportación está destinado a satisfacer la creciente demanda de China.
Según la información del gobierno, a pesar de la promesa de las principales empacadoras de carne de no comprarles reses a ganaderos como los de Fazenda Canaã, JBS compró el ganado que estuvo en este rancho durante los últimos tres años.
De hecho, en los últimos dos años, JBS, la empacadora de carne más grande del mundo, compró ganado que pasó por once ranchos de la reserva, según los datos del gobierno.
Marfrig y Minerva realizaron compras indirectas de un rancho de aquí, de acuerdo con la información del gobierno que da seguimiento a una compleja cadena de suministro.
Una auditoria de 2016 realizada por los fiscales federales en el estado de Pará, donde se encuentra la reserva de Serra do Cachimbo y de donde proviene más o menos una tercera parte del ganado que se sacrifica en la Amazonía, señaló que el seis por ciento del ganado que había comprado JBS entre octubre de 2009 y 2016, que sumó un total de 36.739 cabezas, procedía de ranchos que habían deforestado de manera ilegal.
En 2016, 118,459 cabezas de ganado, o el diecinueve por ciento del total que compró JBS en Pará, fue adquirido con “irregularidades comprobadas”, según la auditoria de la Procuraduría Federal de Brasil, la cual empleó información de satélite, inspecciones de campo y datos de seguimiento de compras.
“No existe razón alguna para que, después de diez años, no haya mejores resultados”, señaló Nathalie Walker, directora de la Federación Nacional de la Vida Silvestre, quien ha estudiado a la industria ganadera de Brasil. “Se habían negociado acuerdos sólidos”.
‘LAVADO DE GANADO’
En la Amazonía de Brasil existen miles de granjas ganaderas dispersas a lo largo de una de las áreas más remotas del mundo, lo que entorpece la aplicación de la ley, las inspecciones y, en especial, el seguimiento del ganado durante su vida útil.
No es común que una vaca pase toda su vida en la granja donde nació; quizás sea comprada y vendida varias veces hasta llegar al rancho que la vende directamente a un matadero.
Esta compleja cadena de suministro ha vuelto común este fenómeno de “lavado de ganado” y es el meollo del problema que impide cumplir la promesa del acuerdo.
Es posible que un ternero nazca en un ilegal terreno deforestado y que finalmente se venda a un rancho de engorda cuyos terrenos se deforestaron hace mucho tiempo y esté dentro de los términos del acuerdo.
Cuando los mataderos les compran a estos ranchos, pueden decir que han adquirido una vaca cuyo origen cumple con las normas.
JBS asegura que el cien por ciento de sus compras de ganado a proveedores directos “cumplían con las políticas responsables de abastecimiento”, según las declaraciones del vocero de la empresa.
La compañía afirmó que usa tecnología de satélite, información georreferenciada de granjas y registros gubernamentales para monitorear más de 72.520.000 hectáreas, un área de mayor tamaño que Texas, y que todos los días evalúa a más de 50.000 posibles proveedores de ganado.
“JBS tiene un firme compromiso de combatir, desalentar y eliminar la deforestación en la Amazonía”, señalaba el comunicado de la empresa.
Pese a esos esfuerzos, una auditoría encargada por JBS reconoció que la empresa no controla por completo a los proveedores indirectos debido a una falta de información pública accesible que le haga seguimiento el transporte de los animales.
“JBS puede rastrear el cien por ciento de sus proveedores directos”, de acuerdo con su auditor independiente, DNV GL, una empresa noruega de certificación y control de calidad. Sin embargo, JBS “aún no ha tenido éxito en implementar procesos de trazabilidad” para los proveedores indirectos.
Además, según los críticos, este vacío ha ocasionado, en gran medida, la falta de eficacia del acuerdo.
Según datos proporcionados por los investigadores de la Universidad de Wisconsin, la mayor parte de los ranchos de la Amazonía que venden ganado de forma manera directa a JBS, Marfrig y Minerva son principalmente intermediarios, recolectores de ganado procedente de múltiples granjas monitorizadas de manera inadecuada.
Con base en un análisis de los registros de la propiedad disponibles al público, así como de entrevistas de campo con cientos de ganaderos en la Amazonía, los investigadores de la Universidad de Wisconsin descubrieron que al menos el quince por ciento de los proveedores indirectos de las tres empacadoras de carne han seguido deforestando la tierra desde que se firmó el acuerdo en 2009.
“El acuerdo tiene tantos vacíos que la deforestación continúa”, comentó Holly Gibbs, una geógrafa de la Universidad de Wisconsin que ha analizado el acuerdo.
En otro estudio del mercado de exportación de ganado en la Amazonía y la vecina región de Cerrado, la cual no está considerada en el acuerdo, Trase, un grupo de investigación que estudia las cadenas de suministro de mercancías, señaló que las exportaciones de carne de JBS ocasionaron la deforestación de aproximadamente 25.900 hectáreas al año de 2015 a 2017.
Además, la cantidad total de zonas deforestadas del informe solo refleja una pequeña parte del problema, debido a que el 80 por ciento de la carne que se produce en la región va al mercado interno, cuyo efecto en la deforestación no midió Trase.
“La falta de monitorización de los proveedores indirectos es un gran punto ciego”, afirmó Erasmus zu Ermgassen, un investigador de Trase. “Los mataderos, como JBS, no tienen forma de garantizar que el ganado de los terrenos en deforestación no termine en su cadena de suministro”.
Seguir el ciclo de vida de una res requiere de observación sofisticada, supervisión reglamentaria, registros normalizados y auditoria sistemática, todo lo cual es un proceso complejo que, reconocen los críticos, se dificulta de manera especial en la Amazonía.
No obstante, a miles de kilómetros del bosque tropical de Brasil, en Madison, Wisconsin, un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin ha pasado casi una década intentando demostrar que se puede llevar a cabo.
Este equipo, junto con la Federación Nacional de la Vida Silvestre, ha desarrollado una herramienta de seguimiento computarizado, llamada Visipec, que documenta el movimiento del ganado desde las granjas de parto hasta los mataderos mediante la vinculación de los conjuntos de datos con los sitios gubernamentales en internet.
Según los investigadores, mediante estos datos, esta herramienta puede ayudar a los mataderos a rastrear casi a todos sus proveedores directos e indirectos.
Sin embargo, no se sabe cuánto apoyo privado o voluntad política existen para esa solución, ya que cerraría lo que algunos expertos insinúan que ha sido un hueco que beneficia a todos los participantes en la industria ganadera de Brasil.
La Federación Nacional de la Vida Silvestre ha ofrecido Visipec de manera gratuita a las principales empacadoras de carne, incluyendo a JBS. Hasta ahora, ninguna lo está utilizando.
Además, justo cuando la herramienta está lista para ser totalmente instalada, es posible que sea más difícil acceder a gran parte de los datos que la sustentan.
Uno de los conjuntos de datos primordiales procedía del sitio en internet del Ministerio de Agricultura brasileño, el cual había publicado registros en línea de las transacciones de ganado en la Amazonía.
En abril, el Ministerio de Agricultura emitió un memorando que decía que algunas partes de la base de datos no se harían públicas debido a que contienen “información personal” que “no le interesa al público en general”. Ya se ha vuelto difícil poder descargar parte de esos datos, señala Gibbs, la investigadora principal de la universidad.
Aunque siempre había sido difícil rastrear la cadena de suministro, afirmó, ahora “es prácticamente imposible”.