El gobierno chileno se reunió este jueves por primera vez con organizaciones sociales desde que estallaran hace 42 días multitudinarias protestas contra sus políticas, con episodios de violencia y saqueos que no cesan, y sin un final a la vista.
Representantes del gobierno del derechista Sebastián Piñera y de la llamada Mesa de Unidad Social, que reúne a organizaciones como el Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores o la organizacion “No+AFP”, que busca poner fin al criticado sistema privado de jubilaciones de Chile (AFP), se encontraron con la intención de poner fin a las manifestaciones que ya se han cobrado la vida de 23 personas.
Convocados por la administración de Piñera, las partes tuvieron un primer acercamiento que, sin embargo, no implicó concesiones.
“Hemos sido muy claros en que no estamos disponibles para una negociación a espaldas de la gente, que no es ese nuestro ánimo, que son ellos los que tienen que dar respuestas ahora a los planteamientos que se han hecho”, dijo Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, al término de la reunión.
Sin líderes visibles, la Mesa de Unidad Social ha ganado terreno, y aunque sus llamados semanales a paralización nacional son acogidos principalmente por las reparticiones públicas, al gobierno le preocupa que sus convocatorias han derivado en jornadas de extrema violencia por parte de varios sectores.
Las organizaciones plantean que el salario mínimo pase de los actuales 301.000 (374 dólares) a 550.000 pesos (664 dólares) y reemplazar el sistema privado de pensiones. La expectativa es que este sistema, impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que entrega pensiones bajas, dé paso a uno de reparto, entre otras peticiones sociales.
Al finalizar la reunión que encabezó el ministro de Interior y jefe de Gabinete, Gonzalo Blumel, aseguró: “Hemos concordado iniciar un diálogo en torno a los temas prioritarios de la agenda social”, cuyos ejes fundamentales son los ingresos de trabajadores, protección de empleo, acceso a la salud y los medicamentos, y la reforma de las pensiones.
El Congreso, en tanto, debate varias reformas y leyes impulsadas por el gobierno para un mayor control del orden público, como un proyecto para sancionar a los encapuchados que causan desmanes, junto a una propuesta que busca permitir a los militares resguardar infraestructura pública, sin necesidad de ser decretado el estado de emergencia.
– Saqueos, al tope de los delitos –
Mientras tanto, los ataques contra comercios se repetían el jueves en varios puntos de Santiago y otras ciudades, donde grupos de personas -en su mayoría con antecedentes penales, según fuentes judiciales-, continuaban irrumpiendo en locales y supermercados. Entre ellos, la cadena minorista estadounidense Walmart ya suma 34 locales quemados y 18 completamente destruidos.
La estación intermodal de la comuna de La Cisterna, un importante punto de conexión de transporte del sur de Santiago, fue atacada por segunda vez durante las primeras horas de este jueves por grupos de personas que, por la fuerza, abrieron las cortinas de locales comerciales, saquearon y destruyeron todo a su paso.
En medio de la revuelta social, según las autoridades, los delincuentes se han concentrado en los saqueos.
“Cambió la composición delictual tradicional respecto de los que se ha dado desde el 18 de octubre (…) mutó por un delito mucho más violento, más de oportunidad que es el robo en lugar no habitado”, afirmó el fiscal metropolitano de la zona oriente, Manuel Guerra.
Durante esta jornada, varias estaciones del metro de Santiago debieron cerrar por incidentes en su exterior, en un clima de alta convulsión que se mantiene desde el inicio del estallido el 18 de octubre.
El conflicto no ha cesado pese al acuerdo en el Congreso para iniciar el proceso de cambio de la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet, ni tras el anuncio de algunas medidas sociales, como el aumento de un 50% en la pensión mínima en dos años.
El clima de agitación volvió a arrastrar a mínimos históricos al peso chileno, que el jueves perdió 1,1% y cerró en 828,36 por dólar.