WASHINGTON — Aldo Martínez, paramédico en Fort Myers, Florida, es uno de los casi 27.000 migrantes jóvenes que se encuentran en el país de manera ilegal, conocidos como ‘dreamers’, que trabajan en el sector salud, muchos de ellos en el frente del combate contra la pandemia del coronavirus.
“Esta es una situación en la que todos debemos poner manos a la obra”, dijo el viernes, tras la primera mitad de un turno de 48 horas.
Martínez, de 26 años, llegó a Estados Unidos desde México a los 12 años y puede trabajar gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) anunciado por el presidente Barack Obama en 2012. El gobierno del presidente Donald Trump quiere revocar el programa, y en los alegatos que se presentaron en noviembre ante la Corte Suprema de Estados Unidos, la mayoría de los magistrados parecieron inclinarse a permitir que lo haga.
Martínez comentó que sería insensato sacar del campo de batalla a un ejército de médicos, enfermeros, farmacéuticos, técnicos, investigadores y otros trabajadores de los servicios sanitarios en medio de una pandemia.
“Es imperativo que la Corte Suprema tenga en cuenta condiciones que no existían en noviembre”, dijo. “Parece insensato generar más caos en un momento que ya es caótico”, agregó.
La situación de los trabajadores de la salud como Martínez motivó la presentación de un documento ante la Corte Suprema el 27 de marzo, en el que se exhortaba a los magistrados a tomar en cuenta una nueva realidad.
“La rescisión del DACA durante esta emergencia nacional sería catastrófica”, afirmaba el escrito.
Ramis Wadood, estudiante de la Escuela de Derecho de Yale quien ayudó a elaborar el escrito, dijo que las contribuciones de los beneficiarios del programa son bien conocidas.
“Siempre ha sido importante y es un punto que hemos venido enfatizando desde el comienzo”, mencionó. “Pero esta pandemia simplemente trae esos beneficios al centro del debate”.
Un profético escrito de apoyo que presentó en octubre ante la Corte Suprema la Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses y otros grupos pareció anticipar la crisis actual. La nación, decía el escrito, no está preparada “para cubrir la pérdida resultante si se excluye a los beneficiarios del programa DACA de la fuerza laboral del sector salud”.
El documento agregaba que: “El riesgo de una pandemia sigue creciendo, debido a que las enfermedades infecciosas pueden propagarse por el mundo en cuestión de días a causa de la mayor urbanización y los viajes internacionales. Estas condiciones suponen una amenaza a la seguridad sanitaria estadounidense, así como a su preparación y capacidad para enfrentar incidentes con consecuencias para la salud pública”.
“Para garantizar la seguridad sanitaria, el país necesita una mano de obra sólida en el sector salud”, decía el escrito. “Sin embargo, rescindir el DACA, privaría al pueblo de profesionales de la salud educados en el país, bien capacitados y calificados”.
Muneer I. Ahmad, profesor de Derecho en la Universidad de Yale que representa a los beneficiarios del DACA en el escrito del 27 de marzo, comentó que los argumentos básicos no eran nuevos. A pesar de ello, dijo, “la pandemia hace mayor énfasis en cuán catastrófica sería la revocación del programa DACA en estos momentos”.
En el pasado, el presidente Donald Trump ha alabado las metas del programa y sugerido que quería conservarlo. “¿Hay alguien que realmente quiera echar del país a jóvenes buenos, educados y dotados que tienen empleos, y, en algunos casos, sirven en el Ejército?”, preguntó en Twitter en 2017.
Pero cuando la Corte Suprema escuchó sus alegatos en noviembre, el presidente habló en un tono distinto. “Muchos de los beneficiarios del DACA ya no son muy jóvenes, están lejos de ser ‘blancas palomas’”, escribió en Twitter. “Algunos son criminales rudos y curtidos”.
De hecho, el programa tiene requisitos muy estrictos. Para poder ser elegibles, los solicitantes tienen que demostrar que no han cometido delitos graves; que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que no son mayores de 30 años; que han vivido en el país al menos durante los últimos cinco años y que están estudiando; se graduaron de la preparatoria o recibieron un diploma equivalente a ese grado de estudios o que son veteranos retirados con honores.
Este estatus dura dos años y puede renovarse, pero no otorga una vía para la ciudadanía.
El gobierno de Trump, que por lo general adopta una visión amplia del poder ejecutivo, dijo que Obama había actuado ilegalmente cuando creó el programa. Los tribunales inferiores rechazaron ese razonamiento para suspender el programa.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos, en San Francisco, por ejemplo, reconoció que los presidentes tienen amplias facultades para alterar las políticas de gobiernos anteriores, pero dijo que el razonamiento jurídico que ofreció el gobierno de Trump no superaba un análisis minucioso. El tribunal también cuestionó “la crueldad y el desperdicio derivado de deportar a jóvenes productivos a países con los que no tienen vínculo alguno”.
Cuando se presentaron los alegatos del caso en noviembre, el abogado del Ejecutivo Noel J. Francisco, quien representa al gobierno, dijo que este tenía derecho a acabar con el programa.
Martínez mencionó que, si la Corte Suprema conserva el programa DACA, tiene la esperanza de seguir estudiando para convertirse en cirujano de traumatología. Agregó que inmigrantes de todo tipo que se encuentran en el país sin documentos soportan el embate desproporcionado de la crisis actual.
“Somos parte de la fuerza laboral. A buena parte de nosotros se nos considera trabajadores esenciales: trabajadores de limpieza, empleados de tiendas de alimentos, gente como yo, enfermeros, médicos. Todos nosotros estamos trabajando para proteger al pueblo. Si no podemos hacerlo, tendremos más dificultades para enfrentar esta pandemia”.