Maribel Coco, quién esta al frente de la entidad asegura que mantendrá su posición en atención a convenios internacionales y los derechos humanos.
La Defensora del Pueblo, Maribel Coco hizo entrega formal a un grupo de abogados el informe de esta entidad sobre el Centro Transitorio Peninsular de Isla Punta Coco, el cual aboga por un traslado de los 9 privados de libertad que allí se encuentra.
Las observaciones de la Defensoría del Pueblo están basadas en dos inspecciones que oficiales de Derechos Humanos realizaron en el área, en el cual se detectaron supuestas violaciones a los derechos de estos privados de libertad entre los que destacan: el derecho a la vida, salud, a la visita de sus abogados y familiares, acceso al agua potable (reciben 7 botella chicas de agua diaria), a la debida alimentación; entre otros.
Durante la reunión, la funcionaria sostuvo que la entidad mantendrá su posición del traslado de estos privados de libertad a otra cárcel, ya que Panamá es signataria de convenios internacionales en materia de derechos humanos y tratos crueles y degradantes los cuales no se cumple al mantener este centro penitenciario insular.
“Nosotros somos críticos constructivos del gobierno, no podemos pedirle que cierren Punta Coco, eso está más allá de nuestro mandato, pero si podemos como lo estamos haciendo en este informe, que se tomen las medidas necesarias para el traslado de estas personas, ya que se violan sus derechos como seres humanos”, puntualizó la Defensora del Pueblo.
Por su parte, el abogado Valentin Jaén, ponderó la posición de la funcionaria y el informe sobre la situación que se vive en Punta Coco, pues destaca que permite solicitar ante las autoridades tomar las acciones que conlleven al traslado de estas personas.
“Es mentira que los privados de libertad que están en Punta Coco son los culpables o responsable de la situación de inseguridad que se vive en el país, estas personas se le están violando sus derechos y las autoridades deben tomar cartas en el asunto o sino asumir su responsabilidad”, acotó el jurista.
Muy cierto estoy de acuerdo de sus traslados ellos tienen derecho a la salud tanto como se preocuparon por un corrupto que le robo al estado millones y querían darle casa por cárcel aquí lo malo lo llaman bueno la injusticia impera en Panamá
La defensoria del pueblo también debería pronunciarse por la violacion a las garantías fundamentales y naturales que estamos viviendo en Panamá a raíz de la pandemia.
Setia bueno preguntarle a los familiares de las víctimas de estas buenas personas que l
No solo roban también les quitan las vidas a personas inocentes .la defensora del pueblo se los debería llevar a vivir a su casa..o las víctimas de estos señores donde ella piensa que están….