“Esperamos conversar con el presidente porque queremos que él lidere esta constituyente para aliviarle este problema” a Uribe, dijo en Blu Radio la congresista Paloma Valencia, vocera de la formación.
El Centro Democrático, el partido de derecha en el poder en Colombia, cerró filas alrededor del expresidente y senador Álvaro Uribe, quien encara una orden de arresto domiciliario, y presionó al mandatario Iván Duque para que lidere una asamblea constituyente que reforme la justicia.
“Esperamos conversar con el presidente porque queremos que él lidere esta constituyente para aliviarle este problema” a Uribe, dijo en Blu Radio la congresista Paloma Valencia, vocera de la formación.
El martes la Corte Suprema ordenó la detención preventiva del también senador y jefe natural del Centro Democrático, de 68 años, mientras lo investiga y decide si lo llama a juicio por manipular testigos contra un opositor.
En opinión de su partido, Uribe sufre una persecución judicial y por eso plantea reformar la Constitución para “despolitizar” la justicia y dar paso a una única corte que ofrezca más garantías a los investigados.
En este proceso el exmandatario -quien está en una de sus fincas fuera de Bogotá- está respondiendo en su condición de parlamentario, por lo que el único juez que le corresponde es el máximo tribunal, que dictó la medida alegando posibles riesgos de obstrucción de la justicia.
Duque defiende la inocencia de su mentor y apoya una reforma de la justicia, aunque no abrazó de inmediato la propuesta de una constituyente que implicaría un largo proceso de aprobación en el Congreso, donde no cuenta con mayorías sólidas.
“Más allá de la coyuntura, el país necesita una reforma a la justicia (…) la forma tenemos que mirarla con los partidos políticos”, apuntó el mandatario en entrevista con La FM.
Interrogada sobre la posibilidad de que el presidente no respalde la constituyente, la legisladora Valencia insistió: “Yo quiero pensar que al presidente también esta injusticia lo mueve a quererle dar una solución de fondo a un problema que le duele a Colombia”.
Uribe, que siempre ha alegado inocencia y cuenta con un sólido apoyo popular tras su política de mano dura contra las guerrillas izquierdistas, podría terminar enjuiciado por soborno y fraude procesal, delitos que son castigados con un promedio de ocho años de cárcel.
Además de este proceso, Uribe está vinculado a más investigaciones penales por sus presuntos vínculos con los grupos de ultraderecha que enfrentaron clandestinamente a las guerrillas durante el largo conflicto colombiano.