Aprueban sanciones penales relacionadas a paralización o abandono de obras estatales

Aprueban sanciones penales relacionadas a paralización o abandono de obras estatales

 Así lo establece el artículo 365 A del proyecto de Ley # 28, que adiciona disposiciones al Código Penal relativas a paralización y deterioro de obras públicas, aprobado en tercer debate.

 

El servidor público que paralice una obra licitada ocasionando deterioro significativo podrá ser sancionado hasta con 8 años de prisión si la cuantía supera los 500 mil balboas.

 Así lo establece el artículo 365 A del proyecto de Ley # 28, que adiciona disposiciones al Código Penal relativas a paralización y deterioro de obras públicas, aprobado en tercer debate.

El artículo nuevo 365 A también indica que si quien ordena la paralización es un superior jerárquico, la pena para este será de 5 a 10 años de prisión sin importar la cuantía.

La iniciativa legislativa fue presentada por la diputada Mayín Correa, quien destacó que su propuesta de adicionar artículos nuevos al Código Penal va encaminada a sancionar a aquellos servidores públicos que, con dolo, culpa o por inobservancia en el ejercicio de sus funciones, ocasionen la pérdida por la paralización de obras financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos.

Entre las obras que se mencionan están los hospitales, escuelas, viviendas, acueductos y alcantarillados, mercados de abastos, carreteras, servicios públicos, como electricidad, agua, gas o telecomunicaciones, administrados por instituciones del Estado o donde éste tenga participación accionaria.

Correa manifestó que la probidad, honradez, responsabilidad y capacidad, son valores que deben imperar en la conducta del servidor público en el ejercicio de sus funciones, ya que son garantías para un eficiente servicio público a la sociedad en su conjunto.

El documento en su exposición de motivos indica que cuando se falta al necesario deber del cuidado o se incurre en manifiesta ineptitud en la administración y/o construcción de obras públicas, estas conductas contribuyen a la pérdida y despilfarro de los caudales estatales.

Los parlamentarios apoyaron el documento y destacaron que la obra de la Ciudad Hospitalaria nunca debió paralizarse.

Esta iniciativa agregó debe ser sancionada para que sean ejemplarizados penalmente los que hacen despilfarros con los dineros del Estado.

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