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Aún en un Washington dividido, Biden podría ejercer poder económico

Aún en un Washington dividido, Biden podría ejercer poder económico
El exvicepresidente Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, da un discurso en Wilmington, Delaware, el viernes 6 de noviembre de 2020. Foto: Erin Schaff/The New York Times

WASHINGTON — El presidente electo Joe Biden asumirá el cargo en enero con una economía débil y agobiada por el resurgimiento del coronavirus, millones de estadounidenses que continúan desempleados y empresas en problemas que cierran a medida que el invierno se acerca.

Enfrentar ese desafío económico y cumplir con sus promesas de campaña relativas a los impuestos y los gastos podría ser complicado si los republicanos mantienen el control del Senado.

Sin embargo, como el presidente Donald Trump ha demostrado una y otra vez, Biden tiene el poder de tirar de algunas palancas de manera unilateral, sin la aprobación del Congreso, y podría influir en la maquinaria de formulación de políticas económicas del gobierno federal a través de una serie de acciones ejecutivas, regulaciones y cambios de personal.

“Se puede hacer mucho sin el Congreso”, afirmó Felicia Wong, asesora del consejo de transición de Biden, pero quien habló en calidad de directora del Instituto Roosevelt, un centro progresista de investigación.

Desde encontrar maneras de estimular la economía hasta cambiar las reglas comerciales o modificar los impuestos corporativos, he aquí algunas de las maneras en que la presidencia de Biden podría influir unilateralmente en la política económica.

Estímulo

En el periodo previo a las elecciones, Trump vio hasta dónde llegaba la capacidad de la Casa Blanca para poner en marcha la economía sin el Congreso. Reasignó algunos fondos federales a fin de extender temporalmente el seguro de desempleo ampliado y permitió que las empresas aplazaran el cobro de los impuestos sobre la nómina de los trabajadores, pero no pudo hacer mucho más. Economistas y asesores políticos dicen que Biden tiene la posibilidad buscar otras estrategias creativas si un Senado republicano bloquea el tipo de paquete de gasto significativo que los demócratas han estado impulsando.

Eso incluye el alivio de la deuda estudiantil, que según Wong funcionaría como una especie de estímulo al eliminar la carga de esos pagos. Biden podría ordenarle al secretario de Educación que condone los préstamos estudiantiles hasta una cierta cantidad; Wong condonaría de 50.000 a 75.000 dólares a los hogares de ingresos bajos y moderados. Esa medida, dijo, beneficiaría bastante a los trabajadores de minorías raciales y étnicas.

El gobierno también podría usar la autoridad ejecutiva para aumentar el salario mínimo de los contratistas federales a 15 dólares la hora, dijo, lo cual significaría un aumento de sueldo para miles de trabajadores.

Biden podrá ejercer cierta supervisión adicional sobre el paquete de estímulo de 2,2 billones de dólares que se aprobó en marzo. Por ejemplo, a las pequeñas empresas que solicitaron préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago se les exigió que mantuvieran a los trabajadores en sus nóminas, y podría solicitarle a su Departamento del Tesoro que analizara a detalle los préstamos para asegurarse de que el dinero realmente se destinó al pago de salarios y gastos generales.

Biden también podría seguir el ejemplo de Trump y tratar de reasignar los fondos sin gastar de esa legislación de estímulo, incluidos los cientos de miles de millones de dólares que se destinaron al Programa de Protección de Cheques de Pago pero que nunca se asignaron antes de que un plazo impuesto por el Congreso pusiera fin al programa. También podría apoyarse en el Tesoro para hacer que las facilidades de préstamo establecidas por la Reserva Federal sean más generosas y atractivas para los usuarios, si es que no han expirado para cuando Biden entre en funciones.

Impuestos

Biden propuso en su campaña aumentos de impuestos por billones de dólares a los que más ganan y a las empresas. Gran parte de esa agenda requeriría la cooperación del Congreso, pero en unas pocas áreas, el gobierno de Biden podría actuar por su cuenta para aumentar los impuestos, principalmente mediante el cambio de las regulaciones que rigen la aplicación de la ley fiscal que Trump promulgó en 2017 y que se convirtió en su seña de identidad.

Varias de esas regulaciones son aplicables a los ingresos obtenidos en el extranjero por las empresas multinacionales que operan en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Biden podría actuar para revertir una serie de decisiones que el equipo de Trump tomó después de que se aprobara la ley de 2017 que redujo en la práctica la responsabilidad de las multinacionales conforme a un par de impuestos nuevos creados por la ley, conocidos como el Impuesto para evitar la erosión de la base impositiva y antiabuso (conocido como “BEAT”, por su sigla en inglés) y el Ingreso global de impuestos bajos intangibles (GILTI, por su sigla en inglés).

Biden hizo campaña con la promesa de aumentar las obligaciones fiscales estadounidenses sobre los ingresos globales de las multinacionales, lo que podría intentar hacer a través de las regulaciones al cambiar la manera en que se calcula la obligación. Su Departamento del Tesoro también podría intentar reducir la llamada exención para los impuestos elevados, que permitía a algunas empresas reducir sus impuestos en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Biden también podría cambiar la reglamentación relativa a las “zonas de oportunidad”, otra creación de la ley de 2017 que tiene por objeto atraer la inversión en zonas de alta pobreza al otorgar exenciones fiscales. Esos cambios quizá dificulten que los inversionistas tengan derecho a los beneficios fiscales de las zonas y el Departamento del Tesoro podría imponer requisitos más estrictos de presentación de informes sobre los proyectos que califiquen para las exenciones.

Comercio

Como Trump ha demostrado, el poder ejecutivo tiene mucha libertad en lo que se refiere a la política comercial.

Biden se enfrentará a varias decisiones comerciales a corto plazo, como la de continuar o no con la prohibición de Trump a TikTok y WeChat, las populares aplicaciones de redes sociales, así como si mantener o no los aranceles de Estados Unidos a los productos chinos y los metales extranjeros.

Biden no necesitaría la aprobación del Congreso para lidiar con estos y otros asuntos comerciales pendientes, entre ellos cómo resolver una disputa con la Unión Europea sobre los subsidios otorgados a Boeing y Airbus, cómo resolver las negociaciones mundiales sobre los impuestos a los servicios digitales y si seguir adelante o no con los planes de Trump de imponer nuevos aranceles a Vietnam.

Se necesitaría la aprobación del Congreso en caso de que Biden quisiera aprobar algún acuerdo de libre comercio. Sin embargo, sus asesores han dicho que es poco probable que busquen nuevos acuerdos a corto plazo, pues optarán por concentrarse en las prioridades nacionales.

Algunas de las otras prioridades de Biden en materia de comercio trascienden las líneas partidistas y podrían ganar apoyo entre los republicanos del Congreso, como el fortalecimiento de las reglas para comprar productos hechos en Estados Unidos a fin de destinar más dólares federales a los productos estadounidenses o la inversión en tecnologías nacionales como los semiconductores, a fin de garantizar que China no obtenga una ventaja competitiva.

Regulación financiera

Algunos de los mayores cambios de la era Trump en la regulación bancaria se hicieron a través de los organismos reguladores y no a través del Congreso. Entre algunos ejemplos se encuentra el debilitamiento de la Regla Volcker, que impide a los bancos apostar por el beneficio propio y la revisión de la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA, por su sigla en inglés), que obliga a los bancos a invertir en las comunidades pobres.

Un nuevo equipo de funcionarios reguladores tendrá libertad de acción para ya sea dar marcha atrás a esos ajustes o imponer otros nuevos, lo que probablemente se traducirá en una mayor vigilancia. Al igual que la paulatina desregulación durante el gobierno de Trump, es probable que cualquier cambio derivado de la Reserva Federal y sus agencias reguladoras filiales sea pequeño y constante.

“Los demócratas tendrán que trabajar arduamente en el frente legislativo”, comentó Ian Katz, director y analista de política financiera de Capital Alpha Partners. “Las acciones recaerán principalmente en los reguladores”.

No obstante, los cambios quizá no lleguen tan rápido, incluso si Biden convoca a más funcionarios a favor de la regulación a las diversas agencias. Randal Quarles, quien fue designado por Trump y permanecerá en su cargo hasta 2021, ocupa la vicepresidencia de la Reserva Federal en materia de supervisión.

Protección al consumidor

El gobierno de Biden podría ejercer una enorme influencia sobre las protecciones al consumidor, incluidas las relacionadas con el cobro de deudas, los préstamos del día de pago y el abuso de las ejecuciones hipotecarias.

En junio, la Corte Suprema determinó que la Casa Blanca tiene la facultad de despedir al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor sin motivo alguno y rechazó una ley federal que pretendía imponer límites a la supervisión presidencial de las agencias independientes. Eso significa que Biden estará en libertad de remplazar a Kathleen Kraninger, la actual directora de la oficina, por alguien que supervise las empresas y aplique la ley de manera más estricta.

Katz señaló que la regulación de los préstamos del día de pago y la regla de cobro de deudas en la Oficina de Protección Financiera del Consumidor son cosas que podrían discutirse de inmediato.

Richard Cordray, exdirector de la oficina, mencionó en un documento oficial a principios de este año que el organismo debería tomar medidas para ayudar a las personas a evitar la ejecución hipotecaria y el desalojo durante la pandemia, así como para vigilar de cerca las prácticas de los cobradores de deudas.

Autores:

Alan Rappeport, Jeanna Smialek, Ana Swanson and Jim Tankersley

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