HOUSTON — Los autos comenzaron a entrar al estacionamiento poco después de las 6 a. m., serpenteando entre los policías que dirigían el tránsito hacia los voluntarios de pie y con cubrebocas, listos con cajas de pizza congelada, tortillas y bolsas color café de comida en lata.
La pandemia de coronavirus llevó a cientos de familias al dispensario de alimentos para llevar, pero entre las muchas familias migrantes en la fila, había otro motivo: la regulación recién expandida del presidente Donald Trump que impide el acceso a las green cards a inmigrantes autorizados a los que se considera propensos a aceptar cualquier tipo de asistencia gubernamental. Incluso con niños que son ciudadanos y que sin duda cumplen los requisitos para recibir asistencia federal, los padres sin estatus legal están evitando programas como los de cupones de alimentos y se están congregando en los dispensarios.
Esto, a su vez, lleva al límite a las agencias de asistencia y representa un desafío para el presidente electo Joe Biden, quien podría enfrentar el aumento del hambre con la ampliación de los programas gubernamentales, pero no podrá revertir con rapidez la expansión que hizo el gobierno de Trump de una normativa de la era de Clinton que aleja a las familias migrantes de esos programas.
“Dejan de inscribir a sus hijos y de pedir comida”, dijo Cathy Moore, directora ejecutiva de Epiphany Community Health Outreach Services, que dirige el dispensario de alimentos en Houston. “Están asustados”.
Dani, una migrante indocumentada de 34 años de Honduras que vive en Estados Unidos y tiene tres hijas, dijo haberse sentido alarmada al comienzo del mandato de Trump cuando el presidente describió a los inmigrantes como criminales y pidió redadas de deportación. En consecuencia, cambió su comportamiento y dejó de utilizar los cupones de alimentos y Medicaid en 2018 cuando el gobierno anunció la llamada regla de la carga pública, la cual expandió las facultades de las autoridades para negar green cards a inmigrantes que pudieran necesitar asistencia pública.
El miércoles, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos falló en contra del gobierno de Trump al confirmar medidas cautelares preliminares contra la norma de la carga pública, con el argumento de que lo más probable es que la regulación no sea una interpretación razonable de la ley federal de inmigración. Sin embargo, aun cuando la política sigue en litigio, ya ha sembrado el miedo y la confusión en las comunidades de inmigrantes.
El gobierno de Bill Clinton instruyó a las autoridades a considerar a los inmigrantes como una “carga pública” en circunstancias limitadas; por ejemplo, en caso de que recibieran prestaciones gubernamentales en efectivo. No obstante, el gobierno de Trump creó en la práctica una prueba de riqueza para los inmigrantes que buscan la residencia permanente, la cual hace inadmisibles a los solicitantes que se consideran proclives a utilizar una amplia gama de programas de la red de seguridad social.
Algunos inmigrantes que han vivido en el país de manera irregular durante muchos años temen que el uso de la asistencia pública para sus familias pueda minimizar sus posibilidades de obtener la residencia permanente si un nuevo Congreso llegara a conceder la amnistía. Si se les niega la green card, creen que eso los haría vulnerables a la deportación.
Los inmigrantes sin estatus legal no son elegibles para la mayoría de los programas de asistencia social, pero de acuerdo con múltiples investigadores la política ha impulsado a miles de familias a abandonar su inscripción a los programas de asistencia, incluso si sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, pudieran usar esos programas sin afectar sus solicitudes migratorias; se trata de familias como la de Dani.
“Me acuerdo de todo eso de la carga pública y no puedo dormir”, dijo Dani, quien estaba especialmente preocupada por obtener una green card a fin de poder quedarse con sus hijos. “¿Qué va a pasar si me deportan? ¿Qué va a pasar si me mandan lejos?”.
Aunque el gobierno entrante de Biden puede revertir de inmediato algunas de las acciones ejecutivas de Trump, será difícil revocar la regla de la carga pública, que pasó por el laborioso proceso regulatorio antes de promulgarse, si los tribunales la confirman. Y reducir la desconfianza en el gobierno derivada de esta acción será un gran desafío para Alejandro Mayorkas, el primer latino e inmigrante nominado por Biden para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional.
La regla de la carga pública entra en el ámbito del departamento, que maneja cuestiones migratorias como la emisión de green cards.
“El temor ha aumentado tanto que será un verdadero reto tranquilizar a las familias. Se centran en la carga pública, pero no solo en eso”, dijo Cheasty Anderson, directora de política migratoria y defensoría del Fondo para la Defensa de los Niños de Texas. “Las comunidades migrantes que en este momento tienen miedo y se sienten intimidadas no confiarán en el gobierno federal sino hasta que dejen de sentirse atacadas”.
T.J. Ducklo, vocero de Biden, reiteró que el presidente electo trabajaría para revertir la regla de la carga pública y que estaba comprometido a “involucrarse con las comunidades desde el primer día para garantizar que puedan acceder a la atención disponible para mantener a sus familias seguras y saludables”.
Una encuesta realizada por el Instituto Urban a 949 miembros de hogares de inmigrantes reveló que, en 2019, más del 20 por ciento de los adultos inmigrantes evitaron las prestaciones públicas como los cupones de alimentos, los subsidios de vivienda, Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños por temor a poner en riesgo que se les otorgue una green card en el futuro. Los investigadores de Ideas42, una organización de investigación sin fines de lucro, estimaron que 260.000 niños de todo el país fueron retirados por sus padres de programas de nutrición y atención médica después del anuncio de la regla.
Ese cálculo se basa en un estudio que encontró que 79.000 niños fueron retirados de Medicaid en cinco estados: California, Nueva Jersey, Tennessee, Texas y Washington.
El gobierno de Trump declaró que la regla era necesaria para asegurarse de que los migrantes que vienen a Estados Unidos fueran autosuficientes y no una carga para los recursos de los contribuyentes. Después de anunciar la política, Kenneth Cuccinelli, un alto funcionario de Seguridad Nacional, modificó el soneto icónico de la Estatua de la Libertad al decir que Estados Unidos dará la bienvenida a aquellos “que pueden sostenerse por sí mismos”.
El gobierno predijo el efecto disuasorio. Al momento de expandir la regla, Kevin K. McAleenan, el secretario de Seguridad Nacional en funciones en aquel momento, escribió que la política podría ocasionar que los extranjeros y ciudadanos estadounidenses en hogares con inmigrantes que viven en el país sin papeles en regla y “que de otro modo serían elegibles para recibir asistencia pública” abandonaran los programas. La agencia calculó que podría ahorrarle al gobierno federal casi 2500 millones de dólares anuales.
Según un informe publicado en noviembre por el Fondo para la Defensa de los Niños, que recopiló datos de 32 organizaciones de servicios sociales de todo Texas, los efectos han sido graves entre las familias de inmigrantes de ese estado fronterizo. La organización de Moore reportó una disminución del 37 por ciento en el registro para recibir cupones de alimentos entre 2016 y 2019 en una clientela base compuesta por más de un 80 por ciento de familias de inmigrantes, aun cuando la demanda en el sitio de distribución de alimentos de la organización se disparó en un 327 por ciento.
VELA, una organización sin fines de lucro que auxilia a familias de niños discapacitados de los cuales el 85 por ciento son inmigrantes, reportó una caída del 80 por ciento en la inscripción al programa de cupones de alimentos de 2017 a 2019.
Una de las personas que abandonaron el programa fue Guillermina, quien reside en Austin, Texas, tiene tres hijos y al igual que otros padres entrevistados para este artículo se negó a usar su nombre completo por temor a represalias del gobierno. Después de enterarse de la regla de la carga pública, Guillermina se retiró del programa de cupones de alimentos en 2018 y dejó que su seguro médico expirara.
Cualquier cosa que no fuera esencial se convirtió de repente en un lujo.
“La mayor limitación para nosotros era la carne y las proteínas. Eso era lo más caro. Lo más importante era saber cómo racionar ese artículo para poder incluirlo en pequeñas cantidades a lo largo de la semana”, dijo Guillermina.
La falta de seguro médico implica que ya no puede enviar a su hijo de 4 años a terapia del lenguaje. Sin sesiones de terapia, la hija de Guillermina de 11 años, quien tiene autismo, comenzó a olvidar las técnicas que había aprendido para realizar tareas domésticas, lo cual derivó en estallidos de ira.
“Este asunto de la carga pública no solo me afectó a mí”, dijo Guillermina. “Afectó a todos los miembros de mi familia, a tantas familias que conozco que están en el proceso de obtener sus papeles; tengo miedo de que nunca pueda acceder a mis prestaciones sin el riesgo de ser deportada”.
Algunos de los padres que recurren al dispensario de alimentos de Houston mencionaron que se volvieron a inscribir a los programas de asistencia pública solo porque se quedaron desempleados debido a la pandemia. No obstante, padres como Dani dijeron que se sienten más seguros haciendo fila durante horas con sus hijos en el dispensario de alimentos para llevar.
“Estas personas deberían tener los cupones de comida que les corresponden porque necesitan poder llevar comida a la mesa para sus hijos que son ciudadanos estadounidenses. El daño colateral es para los niños”, afirmó Moore, de Epiphany Community Health Outreach Services.
Mientras un gestor de casos se acercaba a la ventana del lado del conductor del automóvil para hablar con los padres, la fila de vehículos amenazaba con extenderse más allá del estacionamiento. Los policías tendrían que decirles a los demás conductores que regresaran en otro momento.
“Ya no nos sentimos mal”, dijo Moore. “Siempre pasa”.