Nerviosos por recibir una nueva vacuna y marcados por un historial de maltratos, muchos trabajadores de primera línea en hospitales y hogares de ancianos se están resistiendo a vacunarse contra el COVID-19.
Nerviosos por la salud de sus pacientes y marcados por los miles de fallecidos en el último año, los hospitales y hogares de ancianos están desesperados por vacunar a sus empleados.
Esas fuerzas opuestas han engendrado una situación inusual: además de educar a sus trabajadores sobre los beneficios de las vacunas contra el COVID-19, un número cada vez mayor de empleadores están ofreciendo incentivos como dinero en efectivo, días libres remunerados adicionales e incluso tarjetas de regalo de Waffle House para quienes se vacunen, mientras que en al menos unos cuantos casos han amenazado con despedir a los que se nieguen.
Los directivos de dos grandes cadenas de centros de atención a largo plazo, Juniper Communities y Atria Senior Living, dijeron que les estaban exigiendo a sus trabajadores, con limitadas excepciones, que se aplicaran la vacuna si querían mantener sus empleos.
“Para nosotros, esta no fue una decisión complicada”, dijo Lynne Katzmann, directora ejecutiva de Juniper. “Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para proteger a nuestros residentes, a los miembros de nuestro equipo y a sus familiares”.
Los críticos dicen que no es ético presionar a trabajadores con bajos salarios a que se vacunen, en especial cuando no ha habido tiempo suficiente para recopilar datos de seguridad a largo plazo.
“Esta es una población de personas que ha sido históricamente ignorada, abusada y maltratada”, dijo Mike Wasserman, geriatra y expresidente de la Asociación de Medicina de Cuidados a Largo Plazo de California. “Es una holgazanería de parte de cualquiera obligar a estas personas a vacunarse. Creo que debemos poner toda nuestra energía en respetar, honrar y valorar el trabajo que hacen y en educarlos sobre los beneficios que tiene la vacuna para ellos y para las personas que cuidan”.
Los trabajadores de hospitales y hogares de ancianos fueron de los primeros en ser elegibles para vacunarse contra el coronavirus cuando las dosis empezaron a llegar el mes pasado. Su indecisión ha sido una de las razones del lento comienzo de la campaña de vacunación en Estados Unidos. Solo en días recientes se ha acelerado el ritmo: casi la mitad de los más de 10,3 millones de dosis suministradas en Estados Unidos se administraron la semana pasada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
En Jackson Health System, en Miami, una encuesta realizada a cerca de 5,900 empleados reveló que solo la mitad quería vacunarse de inmediato, dijo una portavoz del hospital. La mayoría del resto dijo que consideraría la vacuna en algún momento en el futuro. Pero alrededor de 880 empleados afirmaron que no estaban interesados en vacunarse en ningún momento.
Henry Ford Health System, que administra seis hospitales en Míchigan, informó que hasta el miércoles 13 de enero por la mañana, cerca del 22 por ciento de sus 33.000 empleados se había negado a vacunarse. Alrededor del 70 por ciento se ha aplicado la vacuna, afirmó un portavoz.
El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo el mes pasado que cerca del 60 por ciento de los miembros del personal de los hogares de ancianos a los que les ofrecieron la vacuna en su estado la habían rechazado. En la ciudad de Nueva York, al menos el 30 por ciento de los trabajadores de la salud se negaron a vacunarse en la primera ronda de inoculaciones, informó el alcalde Bill de Blasio el 11 de enero.
En el Long Island Jewish Hospital en Forest Hills, Queens, los terapeutas respiratorios que intuban a los pacientes con coronavirus en estado crítico se encuentran entre los que tienen mayor riesgo de contraer COVID-19. Sin embargo, solo 3 de los 19 miembros del personal de tiempo completo del departamento de terapia respiratoria del hospital habían accedido a vacunarse.
Las dos vacunas que están siendo administradas —una fabricada por Pfizer y la otra por Moderna— se han sometido a pruebas exhaustivas en decenas de miles de personas. Se ha concluido que ambas son seguras y altamente efectivas. Entonces, ¿por qué tantos trabajadores de hospitales y centros de cuidados a largo plazo se niegan a vacunarse?
Algunos dicen tener inquietudes por el carácter novedoso de las vacunas. A otras personas les preocupa cómo la vacuna podría afectar su salud, especialmente aquellas que están embarazadas, tienen alergias o ya sobrevivieron al COVID-19. Algo que subyace detrás de esa indecisión es la desconfianza en las autoridades (el gobierno federal, los políticos, incluso sus empleadores), que no han logrado controlar el virus durante el último año.
Sherry Perry, una asistente de enfermería certificada que trabaja en un centro de cuidados a largo plazo cerca de Memphis, Tennessee, dijo que había conversado con muchos asistentes de enfermería en todo el país que se mostraban escépticos. Perry, quien afirmó que probablemente termine poniéndose la vacuna, dijo que las dudas eran una respuesta racional a la forma en que los trabajadores de la salud como ella habían sido tratados durante mucho tiempo.
“Siempre nos olvidan, nadie nos defiende”, dijo Perry, quien contó que cuando estuvo postrada en cama por semanas con un caso grave de COVID-19 tuvo que utilizar sus días de vacaciones para poder cubrir parte de su reposo, además de que una parte de su licencia por enfermedad nunca le fue pagada.
“No quiero escuchar lo que el gobierno tenga que decir al respecto, de todos modos, no confiamos en ellos”, dijo.
A Kevin Boyd, un conserje de 54 años del NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital, le ofrecieron la vacuna en su lugar de trabajo, pero no se decide a aplicársela.
Por un lado, a Boyd le aterra la posibilidad de enfermarse, pues recuerda de manera vívida cómo la morgue del hospital se llenó hasta el tope el año pasado. Debido a que es diabético, reconoce que tiene un riesgo mayor de enfermarse de manera grave si es infectado con el coronavirus.
Por otro lado, Boyd dijo que estaba en general escéptico con el gobierno federal y que desconfiaba de la velocidad con la que las vacunas llegaron al mercado. “Estoy esperando un poco”, dijo. “No tengo apuros en ponérmela”.
El gobierno no exige que las personas se vacunen contra el COVID-19, pero tiene un largo historial de permitir esos mandatos. Por ejemplo, en 1905, la Corte Suprema ratificó el derecho de las autoridades a exigir la vacuna contra la viruela. Muchos hospitales le exigen a parte de su personal a vacunarse contra la gripe o la hepatitis B. Los niños deben recibir ciertas vacunas para poder inscribirse en las escuelas.
El mes pasado, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos emitió unos lineamientos que les permitió a los empleadores exigirles a los trabajadores la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, la guía también destacó cuestiones legales delicadas que podrían surgir, si los trabajadores solicitan excepciones y los empleadores no logran proporcionarles soluciones.
Sin embargo, pocos empleadores han impuesto ese mandato. “Están realmente reacios a enfrentarse a esta situación”, dijo David Grabowski, investigador de hogares de ancianos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Otra preocupación acerca de obligar a los trabajadores a vacunarse es que podría provocar la renuncia de los empleados indecisos. Esa es una inquietud importante sobre todo en la atención a largo plazo, donde la pandemia ha agravado la escasez de asistentes de enfermería certificados.
“Nos está costando mucho llenar esos roles y esos puestos en la actualidad, y si perdemos más personas nuestros ancianos sufrirán”, dijo Dane Henning, director de asuntos públicos de la Asociación Nacional de Asistentes de Atención Médica.
Algunos hospitales y centros de atención a largo plazo están adoptando una estrategia de negociación: ofrecer recompensas a los empleados que accedan a recibir la vacuna.
PruittHealth, con sede en Georgia, que opera cerca de 100 hogares de ancianos y centros de vida asistida en el Sureste, dijo que los trabajadores que se vacunaron recibirían tarjetas de regalo para un desayuno gratis en la cadena de restaurantes Waffle House, también con sede en Georgia.
“Si eso no te hace querer la vacuna, no sé qué lo hará”, dijo el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el mes pasado.
En Houston Methodist, un sistema hospitalario en Texas con 26.000 empleados, los trabajadores que se vacunen podrán optar a un bono de 500 dólares. “La vacunación todavía no es obligatoria para nuestros empleados (pero lo será con el tiempo)”, escribió el mes pasado Marc Boom, director ejecutivo del hospital, en un correo electrónico dirigido a los empleados.
En una entrevista realizada la semana pasada, Boom dijo que los bonos eran “una de las muchas estrategias para impulsar a la gente”. Añadió: “Creo que lo lograremos. Pero no soy tan ingenuo como para pensar que no habrá personas que se resistan profundamente”.
En Juniper —que tiene 20 comunidades de personas mayores en Nueva Jersey, Pensilvania y Colorado— las autoridades han tratado de educar a los trabajadores sobre la seguridad y los beneficios de las vacunas contra el COVID-19. Entre sus esfuerzos se incluye la organización de un seminario web con un enfermero titulado que estuvo inscrito en un ensayo clínico de la vacuna Moderna. El mes pasado, las autoridades le informaron al personal que las vacunas serían obligatorias.
“Cuando tomamos esta decisión no sabíamos si un gran número de personas renunciarían, pero sentimos que era lo correcto”, dijo Katzmann, la directora ejecutiva.
Hasta el momento, a 508 de los cerca de 1500 empleados de Juniper se les ha ofrecido la vacuna y 15 han preferido renunciar antes que aceptarla.
