Consternación en la población ha provocado conocer de los abusos sexuales y maltratos a menores en los albergues supervisados y subvencionados por el Estado.
Como una “deficiente supervisión” por parte de las autoridades, y de profunda preocupación, consideró el abogado y ex aspirante a la Defensoría del Pueblo, Alfonso Fraguela, la situación presentada en los albergues de menores, tras investigación realizada por una subcomisión de la Asamblea Nacional.
“Resulta inaceptable que situaciones de abusos de todo tipo se estén dando, y los reportes que se hayan presentado no fueron considerados para una rápida intervención de las autoridades, ocasionando que dichas actuaciones se siguieran repitiendo de manera recurrente”, agregó el abogado en sus consideraciones.
“Esperamos, ahora, que, luego de hechas públicas las atrocidades realizadas a puerta cerrada en esos centros, el Ministerio Público intervenga con celeridad para buscar la sanción ejemplar para estos agresores”, añadió el jurista Fraguela.
Ante la situación dada en los albergues para menores, también se pronunció el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que, tras lamentar el hecho, instó a las autoridades a realizar las investigaciones pertinentes y con la mayor celeridad.
La organización también exhortó a los Órganos Ejecutivo y Legislativo a impulsar una ley que garantice la protección integral de la niñez y la adolescencia.
El organismo recordó, de igual manera, a las autoridades que “los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues están bajo protección especial del Estado”.
“Emplazamos a las autoridades a proceder con carácter de urgencia en la reforma estructural del sistema de protección de la niñez y la adolescencia que conduzca al fortalecimiento de las instituciones competentes, mejorar la delimitación de las responsabilidades, hacer efectivo el rol de supervisión que deben desempeñar las autoridades y la calidad de los servicios que se brindan a la niñez y las familias”, apuntó el organismo en su comunicado.
Mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), dio cuenta, en un comunicado, que entre agosto de 2019 y noviembre de 2020, producto de las investigaciones realizadas, por el equipo multidisciplinario, se tomaron medidas administrativas contra ocho albergues, y, luego de las investigaciones correspondientes, se ordenó el cierre y el cese de actividades.
“La Procuraduría de la Administración inició investigación de oficio en agosto de 2020, producto de los distintos reportajes publicados y solicitó informe de las actuaciones realizadas por la Senniaf y el MIDES en su condición de presidente de la junta directiva”, destacó el MIDES en su comunicado.
En tanto que la Senniaf, mediante otro comunicado, informó sobre el compromiso de fortalecer el recurso humano con la niñez, adolescencia y familia del país y su proyección es realizar un trabajo en equipo, “capacitándonos y siendo conciliadores, para ser garantes del goce pleno y efectivo de sus derechos”.
Panamá como signatario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada a través de la Ley de la República del 15 de noviembre de 1990, asume el compromiso de adoptar un nuevo modelo de protección para la niñez y adolescencia con criterio de inclusión social.