La llegada de una gran cantidad de niños no acompañados agrava una situación difícil que ya se estaba gestando, con la aparición de familias migrantes y adultos solos en la frontera en cantidades cada vez mayores.
Miles de niños migrantes no acompañados se han encaminado a la frontera suroeste de Estados Unidos en las últimas semanas, lo que supone un nuevo desafío para el gobierno de Joe Biden en sus esfuerzos por crear una estrategia humanitaria para lidiar con la inmigración no autorizada.
A la mayoría de los niños, que llegan todos los días desde Centroamérica por cientos, se les pone en cuarentena durante 10 días debido a la COVID-19 y luego se les traslada a refugios en todo el país, lo cual ha motivado quejas de que el presidente Biden está regresando a una de las prácticas más controversiales del gobierno de Donald Trump, la detención extendida de los niños migrantes.
La semana pasada, la Patrulla Fronteriza interceptó a más de 2000 migrantes jóvenes que viajaban solos, la mayoría de ellos en la adolescencia, pero algunos de tan solo 6 años, y existe una preocupación generalizada de que en los próximos meses su número pueda batir el récord establecido en mayo de 2019, cuando la Patrulla Fronteriza detectó a 11.000 migrantes menores de edad.
“Estamos viendo menores de edad a lo largo de toda la franja fronteriza. En el sur de Texas, son demasiados”, dijo un funcionario de Seguridad Nacional, que habló bajo la condición de anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente sobre la situación.
La llegada de una gran cantidad de niños no acompañados agrava una situación difícil que ya se estaba gestando, con la aparición de familias migrantes y adultos solos en la frontera en cantidades cada vez mayores en los últimos meses.
Las autoridades estadounidenses deportan a muchos migrantes, si bien no a todos, en virtud de una ley de salud pública de emergencia invocada por el expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el gobierno de Biden decidió no negar el ingreso a los menores, quienes ahora abarrotan las instalaciones de procesamiento en la frontera y saturan los albergues gubernamentales.
Los grupos de derechos humanos han criticado la decisión de retener a los niños durante las semanas o meses que requiere ubicarlos con sus familiares, una política que, según dicen, se remonta a la construcción de campamentos de tiendas de campaña a lo largo de la frontera para albergar a la gran cantidad de niños migrantes que llegaron al país durante el gobierno de Trump.
La semana pasada, el gobierno de Biden reabrió un refugio temporal en Carrizo Springs, Texas, para recibir a hasta 700 adolescentes migrantes. El refugio, duramente criticado, cerró en julio de 2019 después de que disminuyó de manera drástica la cantidad de niños que llegaban a la frontera.
Los críticos de las políticas gubernamentales dicen que la mayoría de los niños llegan con la dirección y el teléfono de un familiar que reside en Estados Unidos y que debería permitírseles reunirse con sus familiares a la brevedad posible. En su opinión, no es necesario que los niños cuya prueba de COVID-19 es negativa hagan cuarentena.
La presión en la frontera disminuyó después de que el gobierno de Trump implementó una serie de políticas que bloqueaban la entrada de migrantes a Estados Unidos para solicitar asilo.
Unos días después de asumir el cargo, Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas para revertir varias de esas medidas. No obstante, la presión parece aumentar antes de que su gobierno haya tenido tiempo de hacer los preparativos que, según dice, son necesarios para gestionar un número considerable de nuevas llegadas: ampliar las instalaciones fronterizas, aumentar el personal y coordinarse con México. Las llegadas recientes se deben, en parte, al deterioro de las condiciones en Centroamérica y a la percepción de los inmigrantes de que este nuevo gobierno los recibirá de manera más amable.
“La verdad es que teníamos que poner fin a las políticas brutales de Trump y Biden está tratando de hacerlo de manera responsable y escalonada”, dijo Seth Stodder, exsecretario adjunto de Seguridad Nacional en el gobierno de Barack Obama. “Pero algunas de las dinámicas no están bajo su control”.
La pandemia ha exacerbado el desafío.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, a cargo de supervisar la atención a los niños migrantes que llegan solos al país, opera una red de refugios con 13.000 camas en todo el territorio estadounidense. Para cumplir con los protocolos de la COVID-19, este organismo redujo la ocupación de sus instalaciones un 60 por ciento. Al menos el operador de un refugio dijo que su red estaba cumpliendo esa capacidad.
Debido a la falta de alojamiento, esta semana el organismo decidió abrir el refugio temporal de emergencia de Carrizo Springs y, al parecer, está preparando la reapertura de una instalación aún mayor, en Homestead, Florida, que los inspectores habían considerado insalubre e insegura para los niños. El gobierno está buscando espacios entre todas las propiedades federales para erigir refugios adicionales.
Estos refugios han sido criticados porque suelen albergar a cientos de niños en estructuras de paredes blandas, como tiendas de campaña, que no cuentan con las comodidades de los refugios de larga duración, que operan con licencia y se someten a inspecciones.
“Si no han hecho una remodelación sustancial, están abriendo un lugar como Homestead que tiene condiciones peligrosas para los niños”, dijo Hope Frye, una abogada que fue miembro de un equipo de inspección que visitó ese refugio en 2019.
Los operadores de refugios de todo el país dijeron que se les ha dicho que las instalaciones de Homestead reabrirán, pero un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que la agencia aún no había tomado una decisión formal. “No vamos a tomar ningún atajo”, dijo el funcionario. “No vamos a poner a los niños en situaciones peligrosas”.
Por ley, el gobierno no puede mantener a los niños migrantes retenidos en instalaciones fronterizas por más de 72 horas; debe transferirlos a un refugio o liberarlos. El funcionario de Seguridad Nacional dijo que, en las últimas semanas, muchos niños se han quedado varados en los centros de procesamiento de la frontera durante más tiempo. “Solo podemos ceder la custodia de esos niños tan pronto como el Departamento de Salud y Servicios Humanos los acepte”, afirmó el servidor público.
Una vez que los niños están en los albergues, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados se encarga de enviarlos con sus familiares y para ello sigue las directrices, a fin de asegurarse de que no sean entregados a traficantes y se les cuide bien en sus nuevos hogares. No obstante, las liberaciones de las últimas semanas se han retrasado por el requisito de que los jóvenes migrantes permanezcan en cuarentena durante diez días y sus pruebas de coronavirus sean negativas en dos ocasiones.
Esta semana, en un intento de acelerar las liberaciones y vaciar camas, el gobierno informó a los operadores de los albergues en un memorando que pagaría los boletos de avión para que los jóvenes migrantes se reunieran con sus patrocinadores en caso de que las familias no pudieran pagarlos. El gobierno dijo que también pagaría el boleto de avión de un acompañante cuando fuera necesario.
Desde hace tiempo, los familiares que actúan como patrocinadores deben pagar los gastos de transporte, aunque el gobierno de Obama suspendió temporalmente este requisito en 2016. En última instancia, pagar el boleto de avión puede ser más barato que retener a los niños: los costos de un refugio temporal de emergencia como Carrizo Springs ascienden en promedio a 700 dólares por niño al día debido a la necesidad de instalar infraestructura como una cocina, generadores y regaderas.
El gobierno de Trump enfrentó críticas generalizadas por deportar de manera sumaria a los menores que llegaron a la frontera solos. En noviembre, un juez federal del Distrito de Columbia prohibió esas expulsiones, pero, el mes pasado, un tribunal de apelaciones anuló el fallo.
Biden optó por no reanudar las deportaciones, decisión que fue aplaudida por los defensores de los inmigrantes y que en esencia motivo a los menores a migrar de manera masiva.
Desde que este mes las autoridades fronterizas estadounidenses empezaron a procesar a las familias migrantes en pequeñas cantidades a lo largo de la frontera de Texas, miles de personas deportadas desde lugares tan lejanos como Tijuana, han acudido en masa a las ciudades mexicanas cercanas a esos puestos fronterizos, con la esperanza de solicitar asilo.
Los grupos de ayuda se están apresurando a tratar de proporcionar refugio y suministros a las familias varadas.
Un comunicado que circula entre los voluntarios expone el problema con claridad: “SE NECESITAN PAÑALES EN TODAS PARTES”.