La UNAB observó que “hasta el momento, pese a la demanda nacional e internacional, el Estado (nicaragüense) no da muestras de proteger los derechos fundamentales de quienes ejercen el periodismo”.
Dos movimientos políticos opositores expresaron ayer sábado su solidaridad con la prensa nicaragüense que, a su juicio, está siendo “amenazada” y “perseguida” por el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.
En una declaración, la Unión Democrática Renovadora (Unamos), sin personería jurídica, indicó que el Ejecutivo se ha “lanzado contra el periodismo independiente” en las últimas dos semanas, incluido el allanamiento contra un grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021.
También que ha abierto investigación a la corresponsal de la cadena hispana de Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado, y a los comunicadores Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, excolaboradores de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios.
La Unamos, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), señaló, además, que “con objetivos intimidatorios y amenazantes, han sido citados a la Fiscalía una larga lista de periodistas, fotoreporteros y personas de los medios de comunicación”.
“PRETENDEN SILENCIAR MEDIOS” CRÍTICOS
Por el caso en el que se investiga a Chamorro Barrios, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a una veintena de periodistas, incluyendo al dueño de la popular emisora La Corporación y excandidato a la Presidencia, el nonagenario Fabio Gadea, y a otros directores de medios.
“Con acusaciones fabricadas pretenden ahora silenciar a medios de comunicación, a periodistas independientes y sacar de circulación a una precandidata presidencial a quien temen”, señaló la Unamos, que denunció que los periodistas “están siendo amenazados y perseguidos” en el actual contexto.
Por su lado, el organismo Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) expresó su “solidaridad y acompañamiento por la grave situación que atraviesa el periodismo independiente en Nicaragua, en especial con los dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”.
La UNAB observó que “hasta el momento, pese a la demanda nacional e internacional, el Estado (nicaragüense) no da muestras de proteger los derechos fundamentales de quienes ejercen el periodismo”.
“Rechazamos enérgicamente las sistemáticas amenazas y violaciones a la libertad de prensa y expresión. Los periodistas han demostrado, incluso desde antes de 2018 (cuando estalló una revuelta social contra el Gobierno), que la resistencia permanece viva contra un régimen que censura y bloquea la información pública”, añadió.
GOBIERNO: DESMANTELAR MAQUINARIA PROPAGANDÍSTICA
Los periodistas que han sido citados por el Ministerio Público por el caso de presunto lavado de dinero han dicho que están bajo “ataque” y que el Ejecutivo, a través del Ministerio Público, está tratando criminalizar la profesión en Nicaragua.
Para el director del portal digital Artículo 66, Álvaro Navarro, “la dictadura de Ortega está desatada contra el periodismo que no ha podido arrodillar” y aseguró que “vamos a seguir informando, aunque les arda”.
En un artículo de opinión difundido por el Gobierno, la periodista Consuelo Sandoval dijo sobre ese caso que los sandinistas han propinado “una contundente derrota estratégica” a Estados Unidos, “al desmantelar su poderosa maquinaria propagandística operada como una mafia desde la “intocable” Fundación Violeta Barrios para desestabilizar a nuestro país”.
Sandoval sostuvo que “esos mismos medios de comunicación sirvieron de punta de lanza en 2018 para promover el odio, la violencia y desatar” las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de ese año, y que, a su juicio, fueron azuzados por “sicarios mediáticos”.