CAF: envejecimiento acelerado de Latinoamérica agravará los déficits fiscales

CAF: envejecimiento acelerado de Latinoamérica agravará los déficits fiscales
El vicepresidente de CAF, Pablo Sanguinetti. EFE/ Mariscal/Archivo.

“Actualmente, los sistemas de pensiones muestran unos déficits cuyo promedio se encuentra en alrededor del 2% del PIB en los países de la región, y que se agravarán como resultado del proceso de envejecimiento”, Fernando Álvarez, economista senior de CAF.

El envejecimiento “generalizado, acelerado” de la población de Latinoamérica tendrá una importante incidencia fiscal en la región, según las conclusiones del Reporte de Economía y Desarrollo 2020 (RED) del CAF, presentado este viernes en Casa de América, de Madrid.

Actualmente, algo más del 8 % de la población latinoamericana tiene 65 años o más, muy por debajo del 18 % de Europa.

Sin embargo, se estima que esa proporción se habrá duplicado en 2050 hasta alcanzar el 17,5%; y a finales de siglo, superará el 30 %, según informa el banco de desarrollo de América Latina (CAF), en un comunicado.

“Actualmente, los sistemas de pensiones muestran unos déficits cuyo promedio se encuentra en alrededor del 2% del PIB en los países de la región, y que se agravarán como resultado del proceso de envejecimiento”, indicó Fernando Álvarez, economista senior de CAF.

Según su criterio, que los pensionistas reciban “un ingreso mínimo suficiente” es uno de los grandes retos, así como la sostenibilidad financiera de los sistemas.

Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de CAF, consideró que las reformas de las pensiones y sanitarias generan costos a corto plazo, “pero un gran beneficio a largo plazo”, y requieren “amplios consensos políticos sostenidos en el tiempo para llevarlos a la práctica”.

Estos sistemas requieren, en general, financiación pública adicional, ya que no pueden sostenerse solo con las contribuciones de empresas y trabajadores, sobre todo “cuando se quieren implementar y fortalecer las pensiones no contributivas”.

Subrayó que los cambios impositivos necesarios para cerrar los déficits de los sistemas de pensiones deben estar apoyados en “información y evidencias confiables e independientes”, para que los ciudadanos “comprendan mejor la necesidad de estas reformas”.

 

 

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