El impacto positivo de la modificación se basa en poder solicitar una reevaluación por parte del Foro Global de la OCDE para ser calificados como Altamente Cumplidor en materia de intercambio de información tributaria a requerimiento.
El pleno de la Asamblea Nacional (AN), aprobó la noche de ayer en segundo debate el proyecto de Ley 624, que adecua la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según el Órgano Legislativo, la finalidad es que Panamá pueda demostrar y asegurar el fiel cumplimiento de estándares internacionales, que permitan mejorar nuestra calificación ante el Foro Global de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
En la versión de ideas, los parlamentarios se preguntaron qué debe hacer más el gobierno para consolidar su salida de estas listas, otros puntos que ya Panamá ha reafirmado su posición a favor de la transparencia, pero, al final concordaron que el país requiere de esta normativa y la Asamblea Nacional no será un obstáculo.
Gonzalo González, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, dijo que esta iniciativa enrumba a Panamá en adoptar estándares internacionales acordes en materia de prevenir y combatir el flagelo, ya que hay un cumplimiento parcial con las mismas y que con esta norma se garantiza una ejecución fiel.
Durante esta discusión, especialistas del Ministerio de Economía y Finanzas, explicaron que, al no cumplir con actualizar las leyes, habría repercusiones serias, entre ellas, la inclusión en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la no comercialización de productos internacionales.
En este periodo de sustentación, sobresalió que Panamá se pone al día con el GAFI luego de que se le instara a completar su plan de acción en esta materia para febrero de 2022, de lo contrario se pondrá bajo mayor supervisión.
Robustecimiento de la actual ley
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, manifestó que el objetivo es robustecer el marco normativo de la República de Panamá, asegurar el fiel cumplimiento de los estándares internacionales que permitan mejorar nuestras calificaciones ante el Foro Global de la OCDE e implementar elementos del Plan de acción de GAFI de manera exitosa y eficiente, como paso importante para salir de las listas discriminatorias.
Panamá tiene una calificación de parcialmente cumplidor, ante el Foro Global en materia de intercambio de información tributaria a requerimiento, subrayó Alexander.
El citado proyecto busca modificar la obligación principal de la Ley 52 para garantizar que las personas jurídicas que realicen operaciones fuera del territorio nacional lleven sus registros contables y remitan, de manera anualizada a sus residentes, copia de los mismos. También busca establecer un régimen sancionatorio disuasorio y proporcional a fin de desincentivar el incumplimiento de las obligaciones principales de la Ley.
El estándar internacional de la OCDE y las recomendaciones de GAFI claramente categorizan la identificación del beneficiario final como un paso prioritario dentro de la debida diligencia de cualquier sujeto obligado y actualmente el marco normativo de la legislación panameña no contempla una definición clara del beneficiario final por parte de los sujetos obligados.