La fiscalía pidió llamamiento a juicio para un total de 32 personas.
El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, continuó ayer en su quinto día la audiencia preliminar por el denominado caso “Panama Papers”, que se le sigue a 45 ciudadanos, imputados por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
En la audiencia, participaron un total de quince abogados defensores, quienes expusieron al Tribunal, sus alegatos en favor de sus defendidos, de un total de 23 defensores técnicos particulares y un defensor público.
La audiencia preliminar que se realiza en las instalaciones del Teatro Balboa, para garantizar las medidas de bioseguridad, en cuanto al distanciamiento físico, por la gran cantidad de imputados e intervinientes, continuará el próximo martes, 30 de noviembre con los alegatos finales de los restantes abogados de la Defensa Técnica, a las 9:00 a.m.
El Ministerio Público lo representa en este acto, la fiscal Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, Isis Soto Espinoza. Además se contó con la presencia física de imputados y dos de forma virtual, dentro de esta investigación, que consta de 462 Tomos que surge a inicios del año 2016 y guarda relación con la presunta filtración de documentos de una Firma de Abogados de Panamá.
Alegatos de la fiscalía
En la audiencia, la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada se ratificó de la Vista Fiscal No. 4 de 11 de septiembre de 2019, donde se solicitó llamamiento a juicio para 32 imputados por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
En los alegatos la fiscal Soto indicó que producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, se realizaron distintas diligencias judiciales, recabando elementos probatorios que acreditaron dos líneas de investigación.
Una de ella relacionada a presuntos actos delictivos cometidos en la República de Argentina, tales como estafa calificada, captación ilegal de fondos y asociación ilícita; de lo anterior, se logró la integración de dineros de origen ilícito, a través de la adquisición de bienes inmuebles en la República de Panamá, como consecuencia de la creación y estructuración de un complejo entramado societario y fiduciario, por parte de una firma de abogados en Panamá.
La otra línea de investigación, relacionada a un exejecutivo de la empresa transnacional, quien presuntamente a través de una firma de abogados en Panamá, creó estructuras jurídicas, con el propósito de llevar a cabo transferencia de fondos de las denominadas cajas negras, para el pago de sobornos.
Hechos que se acreditaron con asistencias judiciales internacionales, análisis financieros, análisis de bases de datos, documentación bancaria, además de la colaboración de dos imputados, que establecieron elementos importantes a la investigación.