Cuatro demandas han sido presentadas contra las reformas electorales

Cuatro demandas han sido presentadas contra las reformas electorales
Corte Suprema de Justicia de Panamá Foto, Archivo.

Un complejo escenario rodea las recientes reformas electorales de cara a los comicios generales de 2024.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen en sus manos cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 247 de 22 de octubre de 2021, que reforma el Código Electoral.

La primera demanda fue presentada el pasado 26 de octubre de 2021, por la perredista Zulay Rodríguez; Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático y Yesenia Rodríguez, por el Partido Panameñista. Este recurso fue apoyado por un grupo organizaciones de mujeres políticas.

Entre los artículos demandados está el número siete que modifica el artículo No. 22 del Código Electoral porque faculta a los magistrados del Tribunal Electoral a excluir del Padrón Electoral a quienes no han participado en tres elecciones.  A juicio de las demandantes, esto viola el derecho al sufragio y la participación política.

En tanto, que dos demandas han llegado a la Corte Suprema de Justicia de manos de los magistrados del Tribunal Electoral.  El primer recurso se relaciona con la inequitativa distribución del financiamiento público preelectoral entre candidatos por la libre postulación y los partidos políticos.

El segundo guarda relación con el tema de la paridad de género en las postulaciones, y se persigue eliminar una válvula de escape que les permite a los partidos políticos no cumplir con dicha paridad.

Mientras que los independientes Gabriel Silva, Edison Broce, Raúl Fernández y Juan Diego Vásquez han demandado artículos referente a financiamiento electoral, adjudicación de curules, fuero penal electoral, y otros.

“Buscamos que artículos de la ley electoral (fuero penal, conteo de votos, y más) sean ilegales. Van en contra de una democracia solida y transparente”, manifestó Silva.

El proyecto de ley con los cambios al Código Electoral se suscribió en el Legislativo panameño pese a la oposición de sectores civiles y políticos que protestaron en las calles contra las transformaciones aplicadas por los diputados al proyecto original.

Posteriormente, el presidente de la República, Laurentino Cortizo estampó su firma en el documento para que quedará formalmente sancionado.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *