Los profesionales aseguraron que continuarán con la lucha hasta que se abrogue la normativa.
Abogados y artesanos marcharon la tarde de hoy para rechazar la Ley 256 la cual consideran violatoria de sus derechos por establecer la obligatoriedad del uso de facturas para trámites y prestaciones de servicios.
Estos profesionales panameños se desplazaron desde el Colegio Nacional de Abogados hasta la sede de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en la avenida Balboa, para exigir la derogación de la normativa
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz manifestó que esta Ley representa una intromisión del Estado en las actividades de los profesionales, y atenta contra el estado de derecho, por lo que piden la derogatoria de la normativa.
“Es una ley inconsulta, inconstitucional, pero sobre todo que afecta los intereses de los profesionales. Seguiremos expresando el rechazo hasta que desaparezca de la vida jurídica”, dijo.
En tanto, el director general de la DGI, Publio de Gracia señaló que este es una Ley positiva, pues garantiza una recaudación justa de los ingresos que necesita el país en estos momentos.
“Esta Ley nos eleva como país en el compromiso y lucha contra la evasión fiscal”, agregó.
La Ley 256 que modifica el artículo de la Ley 76 de 197, enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia, venta de bienes o prestación de servicios por parte de las personas residentes en Panamá.
Actualmente, dos demandas de inconstitucionalidad han sido presentadas contra la Ley 256 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).