Al menos 34 personas están secuestradas en Colombia, que enfrenta la peor arremetida de grupos armados desde el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla FARC, informó la Defensoría del Pueblo este lunes.
El organismo estatal que vela por los derechos humanos no reveló cuanto tiempo llevan en cautiverio las víctimas, pero aseguró que el número puede ser mayor ante la intimidación que sufren varias poblaciones y les impide denunciar.
“Hago un nuevo llamado a todos los grupos armados ilegales y delincuenciales para frenar el secuestro; un crimen que vulnera el derecho a la libertad y a la dignidad humana de los 34 casos reportados” en todo el país con corte a enero, dijo el jefe de la Defensoría, Carlos Camargo, en un video enviado a la prensa.
A lo largo de seis décadas del conflicto interno guerrillas, narcos y paramilitares han usado el secuestro como arma de guerra y fuente de financiación.
En la época más intensa del enfrentamiento, a inicios del siglo, se registraban hasta nueve raptos diarios, según la estadística oficial.
Tras su desmovilización, los antiguos jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están respondiendo ante la justicia especial de paz por 21.000 secuestros. Si aceptan su responsabilidad y reparan a las víctimas, podrán recibir penas alternativas a la cárcel.
Aunque la violencia menguó con el desarme de las FARC, Colombia atraviesa por un nuevo ciclo de asesinatos, secuestros y desplazamientos a manos de grupos que se financian principalmente del narcotráfico.
“En lo que va del 2022 ya se han denunciado seis nuevos casos, pero la cifra puede ser más alta debido a la difícil situación de orden público que se vive en regiones como Arauca (noreste) donde muchos habitantes prefieren guardar silencio para no ser objeto de represalias”, insistió Camargo.
Expertos señalan al Estado de no haber llegado a los territorios apartados tras la salida de los rebeldes, lo que fortaleció a otras organizaciones ilegales.
El departamento más golpeado por el secuestro es Valle del Cauca (suroeste) con 17 casos, uno de ellos registrado el 12 de enero de 2022, según la oficina de Ombudsman.
Los demás raptos ocurrieron en departamentos cercanos a la frontera con Venezuela como Norte de Santander (8) La Guajira (3), Santander (2) y Arauca (3). Un último caso fue denunciado en la región del Magdalena Medio (noreste), de acuerdo al informe.