Los esfuerzos a favor de la liberalización de las leyes de aborto han causado profunda consternación en políticos conservadores, líderes religiosos e incluso muchos profesionales de la salud.
La despenalización del aborto en Colombia es parte de un cambio cultural en toda América Latina, impulsado por movimientos feministas comunitarios y una generación más joven y más secular.
En una región históricamente conocida por su fe católica y su conservadurismo social, una iniciativa creciente a favor de los derechos de las mujeres y el acceso al aborto cobró fuerza hace poco más de un año cuando Argentina se convirtió en la nación latinoamericana más grande en legalizar el aborto. El voto se percibió como una victoria para un movimiento que transformó años de organización comunitaria en poder político.
Pronto, los defensores del derecho al aborto en toda la región, desde México hasta Paraguay, desde Brasil hasta Colombia, comenzaron a portar u ondear pañuelos verdes —el símbolo del movimiento por el derecho al aborto en Argentina— para demostrar su solidaridad con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
La decisión de Argentina repercutió en toda América Latina como un ejemplo poderoso de que era posible legalizar el aborto en países con creencias católicas y protestantes fuertemente arraigadas y una historia marcada por los ideales patriarcales.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo cual dio paso a la legalización del procedimiento en ese país donde viven cerca de 130 millones de habitantes.
Cuatro estados mexicanos también despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que la Corte Constitucional de Ecuador dio un paso para relajar las restricciones al aborto en casos de violación.
Sin embargo, el aborto sigue siendo un tema muy polarizador en una región donde las iglesias católicas romanas y evangélicas son dominantes. Incluso en países que permiten el aborto en circunstancias muy limitadas —como en casos de violación o cuando la vida de la madre está en riesgo— las mujeres suelen enfrentar presiones sociales para evitar el procedimiento. Los esfuerzos a favor de la liberalización de las leyes de aborto han causado profunda consternación en políticos conservadores, líderes religiosos e incluso muchos profesionales de la salud.
En México, por ejemplo, pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las encuestas indican que una mayoría de los mexicanos afirma que no cree que el aborto deba ser legal y muchos médicos mexicanos dicen que, a nivel moral, se oponen a practicarlo.
Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch en Montevideo, declaró que, aunque el movimiento por los derechos de las mujeres empezaba a ver los frutos de su labor en América Latina, el “progreso”, desde su perspectiva, seguía siendo desigual. Dijo que el derecho al aborto que se consiguió con esfuerzo en Argentina, México y Ecuador también sirvió como un ejemplo admonitorio y “les ha dado armas” a los que se oponen al acceso al procedimiento.
Advirtió que se avecina una reacción negativa contra el acceso al aborto en varios países latinoamericanos, por ejemplo, en El Salvador y Honduras, donde existen límites estrictos o prohibiciones absolutas, y las mujeres cuyos embarazos no terminan en parto son enjuiciadas con diligencia.
Las mujeres que sufren abortos espontáneos se vuelven sospechosas, y las que son declaradas culpables de abortar pueden estar sujetas a condenas de décadas en prisión.
Más allá de los retos que enfrenta el derecho al aborto en América Latina, los defensores de derechos humanos señalaron que resultaba paradójico que Estados Unidos, donde la Corte Suprema hace poco ratificó nuevas restricciones al aborto en Texas, se estuviera convirtiendo en un caso atípico a nivel mundial en este tema.
Desde el año 2000, más de 30 países han ampliado el acceso al aborto. Solo un puñado lo ha reducido, este incluye a Nicaragua, Polonia y Estados Unidos.