La entidad rectora de derechos humanos constató la necesidad de contratación de personal administrativo para los colegios.
La Defensoría del Pueblo entregó este sábado al Ministerio de Educación y a los representantes de los gremios educativos, un informe sobre una inspección realizada a 114 centros educativos a nivel nacional ante el inicio de las clases presenciales, año lectivo 2022, el cual incluye hallazgos y recomendaciones.
De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, en su mayoría los centros educativos cuentan con las medidas de bioseguridad; sin embargo, hay deficiencias en cuanto a los problemas de infraestructuras, observados con mayor frecuencia, están: la falta de construcción de aulas de clases, de comedores, laboratorios y cercas perimetrales; pisos destruidos, baños en mal estado, paredes rajadas y goteras en los techos; igualmente, es necesario ejecutar las fianzas de cumplimiento, en los proyectos que están paralizados.
Igualmente, se verificó la dificultad con el suministro de agua potable, muchos de los centros educativos no cuentan con tanques de reserva, vital en estos momentos de pandemia; en la parte eléctrica, también presentan problemas de fluctuaciones, debido a que el sistema eléctrico data de muchos años; en un número importante de centros educativos se identifican sillas dañadas, falta de tableros e insumos para los salones de laboratorio y de acceso a internet.
En cuanto al capital humano, la entidad rectora de derechos humanos constata la necesidad de personal administrativo en la mayoría de las escuelas, sobre todo de Trabajadores Manuales y Celadores.
La Institución Nacional de Derechos Humanos recomienda capacitar a los Directores/as de los centros educativos a nivel nacional, sobre el procedimiento para el uso del FECE, así como priorizar lo indicado en el presente informe, referente a las condiciones en que se encuentran algunos colegios, destinando los recursos económicos para subsanar estas falencias, con énfasis a los que se encuentran en las Comarcas y áreas rurales.
La Defensoría también pide que se haga un llamado a la Cámara Panameña de la Construcción, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas y demás gremios a que sensibilicen a sus agremiados en cuanto al gran número de obras y contratos no cumplidos y abandonados.
Las inspecciones realizadas por los oficiales de Derechos Humanos de la Dirección de Protección de Derechos Humanos y por los regionales de la Defensoría del Pueblo, cubrió un total de 114 centros educativos a nivel nacional; en la provincia de Bocas del Toro (4); en Veraguas (11); en Los Santos (9); en Herrera (4); Coclé (16); en Panamá Norte (19); Panamá Oeste (5); en Colón (7); en Chepo (4); Darién (4); Chiriquí (5); San Miguelito (12); Panamá Centro (9); Comarca Embera Wounaan (4) y en Comarca Ngäbe-Buglé (1 centro educativo).