Los promotores del derecho internacional arguyen que la Corte Penal Internacional y organismos similares aplican sentencias de manera imparcial y transparente. Los juicios suelen abarcar años y a veces derivan en exoneraciones: no es exactamente la justicia llana del vencedor.
Esta semana, cuando las fuerzas ucranianas recuperaron el pueblo de Bucha y encontraron sus calles cubiertas de cuerpos de civiles atados de manos y asesinados a tiros y cuando cayeron misiles sobre una estación de tren repleta de familias que intentaban huir, lo que causó la muerte de decenas de personas, dos palabras salieron de los labios de los diplomáticos, líderes mundiales y grupos activistas: crímenes de guerra.
Pero mientras los investigadores buscan pruebas en Ucrania que podrían usarse para presentar cargos, un hecho incómodo se cierne sobre su labor.
Sin importar cuán atroces sean las pruebas en su contra, los miembros de gobiernos en funciones y sus ejércitos casi nunca enfrentan enjuiciamientos internacionales como consecuencia de la conducta que su país manifestó en la guerra.
Ha habido muchos juicios exitosos por crímenes de guerra desde que se sentaron las bases para dichos procedimientos al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero si nos detenemos a mirar más de cerca, surge un patrón que no alienta la esperanza de que los perpetradores en esta guerra sean llevados ante la justicia de la misma manera.
En la práctica, los castigos por crímenes de guerra han sido aplicados por conquistadores, como en Alemania después de la guerra o en Irak tras la ocupación de Estados Unidos; por los ganadores de una guerra civil, como en Ruanda o Costa de Marfil, o por un nuevo gobierno que derrocó a su predecesor, como en Serbia o Sierra Leona.
Los promotores del derecho internacional arguyen que la Corte Penal Internacional y organismos similares aplican sentencias de manera imparcial y transparente. Los juicios suelen abarcar años y a veces derivan en exoneraciones: no es exactamente la justicia llana del vencedor.
Aun así, la realidad sigue siendo que los perpetradores casi nunca son llevados a juicio, a menos que los lleven los vencedores o una lucha de poder los haya destituido.
Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania, ha expresado su frustración con estas limitaciones. El martes, le dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que bien podría “desintegrarse por completo”, pues no haría ninguna diferencia.
Zelenski instó al consejo a establecer un tribunal para los posibles crímenes de guerra cometidos por Rusia y señaló el fracaso del organismo al no denunciar a Moscú: “¿Creen que el tiempo del derecho internacional ha pasado?”.
Tal vez, o tal vez aún no ha llegado.
Justicia para unos cuantos
Los límites de la justicia internacional se remontan a los Juicios de Núremberg, que se llevaron a cabo en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y que se convirtieron en la base de las normas internacionales de guerra.
Este conjunto de procesos judiciales tenía el propósito de establecer que la conducta en la guerra podía castigarse como un crimen, pero que se haría conforme a los principios del debido proceso de la ley y la imparcialidad.
Desde entonces, los tratados globales y un corpus de normativa internacional han prohibido ataques deliberados contra civiles o núcleos de población, entre otros actos, que incluyen la tortura y el genocidio.
No obstante, los tribunales de Núremberg solo consideraron las atrocidades cometidas por los nazis derrotados. El juicio del comportamiento de los aliados victoriosos se dejó en manos de los sistemas judiciales de esos países, que, como era de esperarse, sentenciaron a algunos militares individuales, mas no a sus gobiernos.
En gran medida, este modelo se ha mantenido desde entonces.
Cuando la guerra civil de Ruanda derribó a su gobierno, ampliamente acusado de genocidio, las Naciones Unidas establecieron un tribunal, pero el nuevo gobierno ruandés decidió a quién entregar. En su mayoría, los acusados en el juicio fueron los del bando derrotado.
El líder de guerra de Serbia, Slobodan Milosevic, compareció ante un juicio en La Haya solo después de que los dirigentes de la oposición lo destituyeron y extraditaron. Una vez fuera del territorio serbo, Milosevic ya no causaría problemas y, al delegar su sentencia al extranjero, la oposición evitaba ensuciarse las manos.
La Corte Penal Internacional, el organismo preeminente para juzgar los crímenes de guerra, ha levantado cargos contra 40 personas. Todas son provenientes de África. Muchos son líderes o rebeldes que perdieron una guerra o una lucha de poder. Muchos, como Milosevic, fueron remitidos ahí por los actores que los depusieron.
Si bien las sentencias de la CPI se consideran creíbles, a veces se perciben como dadas en automático conforme el resultado de una guerra civil o una lucha de poder, puesto que ayuda a los vencedores a desterrar a sus opositores a prisiones lejanas.
¿Hacer honor a la justicia o al poder?
Las iniciativas para superar los obstáculos para castigar los crímenes de guerra han enfrentado dificultades.
Algunos de los que proponen abrir investigaciones sobre las atrocidades que se están cometiendo en Ucrania han argumentado que los altos dirigentes rusos podrían ser juzgados en ausencia.
Ese fue el caso del líder de muchos años de Sudán, Omar al Bashir, para quien la CPI emitió órdenes de aprehensión en 2009 y 2010 por crímenes de guerra. En la práctica, esto le prohibía a al Bashir visitar los países que se comprometieron a cumplir con la orden de detención.
Sin embargo, la prohibición de viajar —al igual que muchos dictámenes del derecho internacional— terminó supeditada a los caprichos de los gobiernos nacionales. Decenas de países que deseaban abrirle las puertas a al Bashir siguieron haciéndolo con toda libertad. Aquellos que le prohibieron la entrada ahora tenían una justificación legal para hacerlo, aunque muchos ya le habían impuesto sanciones que tenían el mismo efecto.
Las grandes potencias mundiales siempre se han resistido a la capacidad de los tribunales internacionales para hacerlas rendir cuentas, a ellas o a sus aliados, aunque sea de manera simbólica. Tanto Estados Unidos como Rusia, China y la India rechazan la jurisdicción de la CPI.
En 2002, a unos cuantos meses de la invasión a Afganistán liderada por Estados Unidos, el Congreso aprobó una ley que dictaba que Estados Unidos suspendería la asistencia humanitaria para cualquier país que no accediera a jamás remitir a un estadounidense a la corte.
En años recientes, los funcionarios de justicia internacional han buscado maneras de investigar a los gobiernos que siguen en el poder.
En 2016, la CPI abrió una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos durante la invasión rusa a Georgia en 2008. Ante la imposibilidad de acceder al territorio que sigue ocupado por los rusos, la investigación de la corte se ha visto limitada. Apenas el mes pasado, los fiscales solicitaron sus primeras órdenes de aprehensión y nombraron a tres individuos ubicados en el territorio dominado por Rusia. No se prevé que ninguno vaya a ser detenido.
En 2020, la CPI emprendió una investigación sobre la conducta estadounidense en Afganistán. En respuesta, el gobierno de Donald Trump impuso sanciones y prohibiciones de viaje contra funcionarios de la CPI, aunque el gobierno de Joe Biden las revocó.
El año pasado, la CPI anunció que, tras una década de cabildeo palestino, investigaría posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel. Se espera que los funcionarios israelíes les prohíban la entrada a los investigadores.
Justicia simbólica
Incluso cuando los perpetradores están fuera de su alcance, los tribunales internacionales desempeñan un papel importante.
La investigación de la CPI en Georgia recolectó los testimonios de 6000 testigos, la mayoría en comunidades que sentían que el mundo las había olvidado. También dio pie a la creación de un fondo, financiado por gobiernos extranjeros, que proporciona atención médica, orientación profesional y apoyo económico a las familias desplazadas por la guerra.
No obstante, con unos pocos cientos de miles de euros para repartir entre miles de víctimas y sin facultad para castigar a los responsables rusos, esto dista mucho de ser la visión de justicia invocada por las referencias a los Juicios de Núremberg que Zelenski ha planteado como un modelo a seguir.
“Hemos oído hablar sobre la CPI”, declaró Tina Nebieridze, una sobreviviente de 73 años de la invasión rusa a Georgia, a Justice Info, un sitio de desarrollo con sede en Suiza, el año pasado.
“Se han estado riendo de nosotros durante 12 años, tanto el gobierno como los demás en Estrasburgo o La Haya”, afirmó Nebieridze. Tras haber sido trasladada a un edificio de apartamentos en pésimo estado lejos de su hogar y haber vivido más de una década bajo la ocupación rusa, se mostró indiferente ante las promesas de ayuda futura. “Ya no tengo ninguna esperanza de que se haga justicia”.