Según el Instituto Cato, más de 10.000 niños cada año rebasan la edad idónea para recibir una tarjeta de residencia permanente; a menudo, una gran cantidad de ellos terminan por dejar el país, abandonando a sus familias.
WASHINGTON — En 2011, tras cinco años de trabajar y vivir con su familia en Estados Unidos con una visa temporal, Barathimohan Ganesan envió solicitudes para obtener las tarjetas de residencia permanente para su esposa, su hija de 5 años y su hijo de 11 años.
Ganesan, quien nació en India y también vivió en Singapur y Australia, estaba nervioso acerca de cuándo su esposa e hijos podrían obtener la residencia permanente. Sabía que la lista de espera era especialmente larga para indios en el tipo de visa que él tenía, una H-1B, que permite a las compañías estadounidenses emplear trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Debido a la acumulación crónica de casos pendientes, puede tomar años procesar a esas personas con visas de trabajo que solicitan la residencia permanente.
El año pasado, una década después de presentar su solicitud, Ganesan, su esposa y su hija recibieron su residencia permanente. Sin embargo, su hijo había cumplido 21 años y había rebasado el límite por meses, por lo que tiene que buscar una visa que le permitirá quedarse en Estados Unidos.
El hijo de Ganesan está entre más de 200.000 niños que crecieron en el país bajo la protección de las visas temporales de sus padres, las cuales pueden ser renovadas de manera indefinida. Sin embargo, los hijos corren el riesgo de perder su estatus legal cuando cumplen 21 años. Al no poder convertirse en residentes permanentes debido a la acumulación de casos o a que nunca cumplieron los requisitos, deben obtener una visa diferente y quedarse en Estados Unidos sin un estatus legal o salir del país. Según el Instituto Cato, más de 10.000 niños cada año rebasan la edad idónea para recibir una tarjeta de residencia permanente; a menudo, una gran cantidad de ellos terminan por dejar el país, abandonando a sus familias.
Estos jóvenes no califican para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés). El programa DACA, creado a través de un decreto durante el gobierno de Barack Obama, protege de la deportación a cerca de 650.000 jóvenes, o soñadores, quienes fueron traídos a Estados Unidos y han permanecido en el país sin un estatus legal. Debido a que el programa requiere que los solicitantes sean indocumentados, no les ofrece una manera de quedarse a aquellos que tienen un estatus legal.
Es poco probable que una reforma migratoria exhaustiva sea aprobada por un Congreso estancado durante un año de elecciones intermedias. El gobierno de Joe Biden ha estado cada vez bajo mayor presión a medida que una orden de salud pública de la era de Donald Trump, conocida como Título 42, está programada para ser suprimida a finales de mayo, una acción que se espera que cree un aumento de migración a través de la frontera suroeste. Un grupo bipartidista de senadores reinició las discusiones migratorias el jueves para intentar identificar propuestas unitarias que tendrían el apoyo de ambos partidos.
Aunque existen protecciones para mantener juntas a las familias cuando los padres se mudan a Estados Unidos con visas temporales de trabajo, estas terminan cuando los hijos cumplen 21 años porque ya no son considerados como parte de la unidad familiar.
“Pienso que las personas que escribieron las leyes no previeron una situación en la que los hijos traídos aquí con visas serían criados y educados aquí, pero que no tendrían una oportunidad clara de quedarse y convertirse en estadounidenses”, comentó Dip Patel, fundador de Improve the Dream, una organización que promueve un camino a la ciudadanía para aquellos niños. “El retraso en emprender acciones no solo llevará a separar a más grupos familiares, sino también a continuar la enorme afectación emocional que enfrentan miles de familias”.
Otras familias enfrentan situaciones similares. Como Ganesan, Deva y su esposo trajeron a sus hijos a Estados Unidos desde India cuando eran jóvenes. Durante más de una década, los niños y Deva, quien pidió ser identificada por un apodo, vivieron como dependientes de la visa de trabajo indefinida de su esposo.
Deva mencionó que el empleador de su esposo, un fabricante estadounidense de autos, podría decidir en cualquier momento no extender su visa, la cual debe ser renovada cada tres años. Afirmó que temía que el empleador se molestara si ella era identificada hablando de manera pública sobre su situación familiar.
La esperanza de la familia de quedarse junta en Estados Unidos terminó en diciembre, cuando la hija de Deva cumplió 21 años. Debido a que habían agotado las posibilidades de apelar para una extensión y sin poder solicitar una visa diferente, la hija se mudó a Canadá días después.
Las repercusiones en la familia fueron profundas. Una semana antes de la fecha en que su hermana estaba programada para irse, afirmó Deva, su hijo, ahora de 17 años, intentó lastimarse, lo que preocupó a su hermana. Pospuso su partida durante una semana mientras la familia buscaba terapia para él.
El hijo de Deva dijo durante la terapia que había luchado con su salud mental durante meses mientras veía a sus familiares lidiar con el proceso de su estatus legal, relató. Su hija, quien se inscribió en un programa de maestría en Canadá, está a menos de una hora en auto de sus amistades y familiares, pero hasta que no reciba una visa de turista no puede ingresar a Estados Unidos.
Aquellos que se criaron en Estados Unidos gracias al beneficio de visas temporales no cumplen con las condiciones para solicitar la residencia permanente. Ese fue el caso de Summer Rusher, quien nació en el Reino Unido y sus padres se mudaron a Florida cuando tenía 1 año. Llegaron con una visa de inversionista, que les permite a algunos ciudadanos extranjeros residir en el país de manera indefinida si invierten en un negocio estadounidense. El programa no ofrece un camino a la ciudadanía, lo que significa que los hijos no tienen forma de convertirse en residentes permanentes.
Rusher, de 23 años, pudo quedarse después de cumplir 21 años gracias a una visa de estudiante. Se graduó de la Universidad Southeastern entre los primeros lugares de su clase de una maestría en Educación de Estudiantes Excepcionales, una certificación en Florida para instructores de estudiantes con discapacidad.
Rusher, ahora maestra en Winter Haven, Florida, estuvo entre un gran grupo de solicitantes de un número limitado de visas laborales. Sin embargo, ella se enteró en marzo de que no fue elegida en el proceso aleatorio usado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Si no puede conseguir otra visa antes de que su autorización de trabajo expire en junio, tendrá que volver al Reino Unido, donde sus estudios no son reconocidos.
Ante la falta de una reforma legislativa del sistema, Improve the Dream, el grupo de activismo, ha trabajado para aumentar el nivel de conciencia sobre el tema y está exhortando al gobierno de Biden a hacer cambios. Sin embargo, los hijos de aquellos que poseen visas no inmigrantes han criticado al gobierno actual por ser demasiado lento o no estar dispuesto a emprender acciones en respuesta a cambios propuestos, tales como la expansión de DACA para incluir a jóvenes indocumentados.
Rusher señaló que estaba a punto de tener que abandonar a sus familiares, sus estudiantes y su carrera. Su hermano, quien nació en Estados Unidos, no enfrenta las mismas restricciones.
“Pude hacer todo lo que una niña estadounidense típica soñaría con hacer. No quiero que eso termine solo por el lugar en el que nací”, finalizó Rusher.