Se necesitan crear unidades gubernamentales que analicen los problemas de las comunidades y les den una solución adecuada de acuerdo con las partidas del presupuesto general del Estado.
El artículo 1 de la Constitución Política de Panamá señala, taxativamente, que el Poder Público sólo emana del pueblo, pero lo ejerce el Estado por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.
De acuerdo con esta disposición, el Gobierno tiene la obligación de atender todos los reclamos que el pueblo panameño le formule sobre problemas de reparación y construcción de vías de comunicación, mantenimiento de las escuelas públicas en óptimas condiciones, construcción de viviendas populares, ofrecer agua potable, medicamentos y alimentos. Todos estos requerimientos deben ser tomados en cuenta y no enviar a los antimotines a disuadir de las aspiraciones populares, porque según se afirma, con la Carta Magna se trata de lograr un sistema de justicia más efectivo para resolver los conflictos penales, y también los sociales, que surgen entre los ciudadanos y todos los intervinientes en el proceso penal (y social).
La misión principal del Gobierno es facilitar las condiciones mínimas de vida a los habitantes que forman parte del Estado. También es esencial que asegure el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución Política para mantener la paz y la cordialidad entre todos los habitantes de la Nación.
Como autoridad superior del Estado, debe dirigir, controlar y administrar las estructuras del país. Su función primordial debe encaminarse a la búsqueda de solventar los problemas que aquejan a las comunidades con el empleo del presupuesto anual aprobado para tales fines.
Cada uno de los órganos que lo componen, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tiene funciones específicas para mantener el funcionamiento adecuado del país. Sin embargo, en Panamá no parece marchar bien la misión de cumplir con la voluntad del Estado, ya que se olvidan los reclamos diarios de las comunidades que anhelan respuestas adecuadas.
El Gobierno aprueba todos los años un presupuesto general del Estado para facilitar el desarrollo económico y social. Se contempla en él una serie de elementos, entre los que se destacan, la asignación y ejecución del gasto y las inversiones públicas que impactan las necesidades que demanda la sociedad.
Entonces, si el Gobierno cuenta con los fondos para construir y reparar carreteras, puentes, buscar nuevas posibilidades de ofrecerles agua potable a los habitantes, reparar y construir escuelas, etcétera, ¿cómo es posible que una comunidad tenga más de 10 años de solicitar un puente nuevo porque el que el actual está a punto de colapsar? Allí estuvo a punto de morir un hombre cuyo automóvil fue arrastrado por la crecida del río mientras intentaba pasar al otro lado en ese puente. Y también las escuelas son un bochorno para un Estado que quiere abandonar el tercer mundo, pues muchas de ellas todavía presentan condiciones deplorables para los estudiantes.
Se necesitan crear unidades gubernamentales que analicen los problemas de las comunidades y les den una solución adecuada de acuerdo con las partidas del presupuesto general del Estado. Ya es tiempo de cumplir con la Constitución y no ofrecerles palo y patadas a los manifestantes durante los reclamos que realizan para obtener una respuesta a sus reclamos.