Abordar los desafíos de los libros siempre ha sido parte del trabajo, pero los esfuerzos por prohibir libros se han disparado en los últimos meses, lo que refleja un enfrentamiento sobre cómo enseñar a los niños temas como los derechos LGBTQ y la desigualdad racial.
Martha Hickson, bibliotecaria de un instituto de Annandale, Nueva Jersey, se enteró el pasado otoño de que algunos padres iban a pedir que su biblioteca prohibiera ciertos libros. Así que a las 7 de la tarde, a la hora en que ella y su marido solían ver “Jeopardy”, se acomodó en su sillón y puso la transmisión en directo de la reunión del consejo escolar local.
Una madre se levantó y denunció dos libros, “Lawn Boy” y “Gender Queer”, calificándolos de pornográficos. Ambos libros, ganadores de premios con personajes LGBTQ y representaciones francas del sexo, han sido cuestionados en todo el país y estaban disponibles en la biblioteca de North Hunterdon High School. Entonces la mujer mencionó a Hickson, que es bibliotecaria allí, por su nombre, por permitir que su hijo de 16 años de edad sacara los libros de la biblioteca.
“Esto equivale a un esfuerzo por preparar a nuestros hijos para que estén más dispuestos a participar en los actos atroces descritos en estos libros”, comentó la madre, Gina DeLusant, según una grabación de la reunión. “Los prepara para aceptar las insinuaciones inapropiadas de un adulto”.
Hickson dijo que la acusación la dejó con el estómago revuelto y una presión en el pecho. “Me quedé atónita”, relató. “No podía creerlo”.
A medida que las prohibiciones de libros, muy visibles y politizadas, han estallado en todo el país, los bibliotecarios —acostumbrados a que los consideren servidores públicos dedicados en sus comunidades— han quedado en la primera línea de una reñida guerra cultural, con sus carreras y su reputación personal en peligro.
Los han tachado de pedófilos en las redes sociales, los han señalado políticos locales y los han denunciado ante la policía. Algunos bibliotecarios han renunciado después de que los acosaron en internet. A otros los han despedido por negarse a retirar libros de circulación.
En muchas comunidades, poner libros en las estanterías se ha vuelto un acto de polarización y ha “convertido a los bibliotecarios en ese peón político”, señaló Ami Uselman, directora de la biblioteca y los servicios de medios de comunicación del Distrito Escolar Independiente de Round Rock, en Texas.
“Podemos imaginar que nuestros bibliotecarios se sienten asustados, como si su reputación estuviera en duda”, aseguró.
Según la Asociación Estadounidense de Bibliotecas, a los bibliotecarios se les enseña a crear colecciones completas que representen puntos de vista diversos, especialmente sobre temas controvertidos; para ello, utilizan listas de premios, reseñas y otras publicaciones.
Abordar los desafíos de los libros siempre ha sido parte del trabajo, pero los esfuerzos por prohibir libros se han disparado en los últimos meses, lo que refleja un enfrentamiento sobre cómo enseñar a los niños temas como los derechos LGBTQ y la desigualdad racial. La asociación de bibliotecas registró 1597 libros cuestionados en 2021, la cifra más alta desde que la organización comenzó a registrar las prohibiciones hace veinte años.
Tradicionalmente, los miembros preocupados de la comunidad podían acercarse al personal de la biblioteca para discutir un título. A menudo, los padres podían impedir que sus hijos sacaran determinados libros o, si creían que un título debía ser retirado de la circulación, podían llenar un formulario para iniciar un proceso de reconsideración, en el que un comité revisaba la idoneidad del libro.
Estas impugnaciones procedían tanto de la izquierda como de la derecha: a lo mejor eran objeciones a los personajes LGBTQ, o a los insultos raciales en “Las aventuras de Huckleberry Finn”.
Esos enfrentamientos más silenciosos continúan en la actualidad, afirmaron los bibliotecarios, pero los conflictos en torno a los libros han aumentado de manera drástica. Ahora, sucede que los Proud Boys, un grupo extremista, se presentan a una reunión del consejo escolar porque los libros están en el orden del día, como hicieron el pasado otoño en Downers Grove, Illinois. El mes pasado, miembros de los Proud Boys interrumpieron una hora de cuentos para familias organizada por una drag queen en San Lorenzo, California, y una hora de cuentos de temática LGBTQ en Wilmington, Carolina del Norte.
En Cabot, Arkansas, el departamento de policía local investigó a una mujer que dijo que, si tuviera “algún problema mental”, el personal de la biblioteca de una escuela local sería “acribillado” con una pistola, según un informe policial. La policía determinó que el incidente, que tuvo lugar en una reunión de Moms For Liberty —un grupo que ha impulsado la prohibición de libros en todo el país— no se produjo en el contexto de una amenaza y no hubo necesidad de presentar cargos.
Con frecuencia, estas batallas se presentan como si se tratara de bibliotecarios liberales que defienden libros de izquierda, pero Carolyn Foote, una bibliotecaria jubilada y fundadora del grupo FReadom Fighters, que se organiza para defender a los bibliotecarios, dijo que la idea de que todos en la profesión son liberales no es cierta, especialmente en un lugar como Texas, donde ella vive. Para la mayoría de los bibliotecarios, aseguró, la cuestión no es política sino de ética profesional.
“Es demoledor”, dijo sobre los esfuerzos para restringir el acceso a ciertos libros. “Sabes cuál es tu trabajo, conoces cuáles son las mejores prácticas y normas de tu profesión, y te obligan a hacer cosas que sabes que violan todo eso”.
Algunos de los conflictos han llegado a ser tan acalorados que los miembros de la comunidad han intentado presentar cargos penales contra los bibliotecarios. En el distrito de Hickson, en Nueva Jersey, se presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Clinton Township por la presencia de material obsceno en un libro de la biblioteca. La oficina del fiscal del condado de Hunterdon reveló que ninguna de las informaciones que recibió indicaba una conducta delictiva. En Granbury, Texas, un agente del condado abrió una investigación sobre los libros disponibles en la biblioteca de una escuela tras recibir una queja.
Muchos bibliotecarios han renunciado —o han perdido su empleo— tras enfrentamientos por los libros.
Suzette Baker fue despedida de su trabajo al frente de la sucursal de la biblioteca de Kingsland, en el condado de Llano, Texas, después de que se negara en repetidas ocasiones a retirar los libros como habían exigido los funcionarios del condado, según una demanda, la cual fue presentada esta primavera por los residentes contra los funcionarios del condado, diciendo que violaron la Primera Enmienda al censurar libros.
Entre los títulos que los funcionarios querían retirar estaban “Cómo ser antirracista”, de Ibram X. Kendi, y “Entre el mundo y yo”, de Ta-Nehisi Coates. Los funcionarios del condado de Llano y el fiscal del condado no respondieron a una solicitud para hacer comentarios.
Tonya Ryals renunció a su trabajo como subdirectora de la Biblioteca Pública de Jonesboro, en el condado de Craighead, Arkansas, en febrero, después de que el consejo de la biblioteca introdujera una serie de políticas nuevas, entre ellas la de exigir la aprobación del consejo para cada libro nuevo destinado a la colección infantil. Las políticas fueron rechazadas, pero los insultos en internet fueron demasiado, dijo.
“Hubo comentarios sobre el personal de la biblioteca, que nos llamaban seductores de niños y pedófilos, y decían que había que despedirnos, que había que encarcelarnos, que había que encerrarnos, que había que quemar todos los libros”, explicó. “Llegó un momento en el que pensé: ¿quiero vivir aquí? ¿Es esto algo a lo que puedo someterme?”.
A veces, los libros en cuestión desaparecen de las estanterías, a pesar de que las políticas de la biblioteca suelen dictar que los libros deben permanecer disponibles hasta que se complete el proceso de impugnación. Deborah Caldwell-Stone, directora de la oficina de libertad intelectual de la asociación de bibliotecas, dijo que su oficina ha recibido informes de que algunos grupos están sacando libros que consideran objetables.
Las bibliotecas también se enfrentan a la creciente presión de los legisladores, que están elaborando nuevas leyes y procedimientos destinados a facilitar la retirada de los libros que son cuestionados. Al menos cinco estados, entre ellos Arizona, Georgia y Kentucky, han aprobado leyes que modifican el modo en que las bibliotecas gestionan las quejas sobre el material, o el modo en que se nombran a los miembros del consejo de administración de la biblioteca, según EveryLibrary, un comité de acción política para bibliotecas.
Muchos estados tienen leyes que protegen a los profesores, investigadores y bibliotecarios de la persecución para que puedan utilizar materiales educativos que algunos podrían considerar objetables. Estas leyes también se están cuestionando.