Gremios empresariales emitieron este miércoles 20 de julio de 2022 un comunicado en el que se refieren a la situación actual, acciones a ejecutar y propuestas en la búsqueda de una salida a la crisis.
Ante la situación social que se vive en el país, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS), la Unión de Pequeñas y Medianas Empresas (UNPYME), la Alianza para la Emprendimiento e Innovación (AEI), la Cámara de Comercio de Colón, hacen un firme llamado a la paz para poder enfrentar, decididamente, los grandes retos del país y tomar las medidas necesarias para fortalecer nuestro sistema democrático. En este sentido, destacan lo siguiente:
-Estamos comprometidos en apoyar la búsqueda de soluciones que nos permitan estabilizar el país. Hemos organizado el envío de insumos de primera necesidad vía marítima; sin embargo, proponemos poder llegar vía terrestre a través de un convoy hacia el interior de suministros de emergencia como oxígeno, medicamentos, insumos médicos, alimentos y combustible, para poder atender a la población que se ha visto diezmada por los cierres.
-No obstante, el establecimiento de una mesa única de diálogo debe ser la vía a seguir para llegar a acuerdos que atiendan las situaciones sociales y económicas que aquejan a la ciudadanía. El diálogo tiene que realizarse desde el respeto, con muestras de buena voluntad de todos. Empezando por abrir las vías, garantizando la libre circulación de la ciudadanía y la atención de las necesidades básicas.
-Para lograr un país equitativo, la educación es fundamental por lo que es necesario que los estudiantes vuelvan a las aulas de clase. Estamos condenando a ésta y a las futuras generaciones, ya seriamente impactadas por dos años de pandemia fuera de las escuelas
-Cuidar y fortalecer la institucionalidad de Panamá nos corresponde a todos: Gobierno, trabajadores, empresa privada, y sociedad civil. No hay espacio para la descalificación ni el irrespeto cuando se trata de construir entre todos, y para todos, un mejor porvenir.
-Es necesario que además de atender las exigencias del costo de la vida, también enfrentemos de una vez por todas los problemas estructurales del país.
En primera instancia, la defensa y el fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática, donde los pesos y los contrapesos entre los tres Órganos del Estado funcionen, y rindan cuentas a los ciudadanos sobre la administración de los recursos, bajo el principio de responsabilidad institucional.
-Resulta urgente que tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial ataquen sin miramientos todo acto de corrupción; acaben con los privilegios y la falta de transparencia. Exigimos indiquen cuanto antes la hoja de ruta para la implementación de planes de austeridad que demuestren voluntad de cambio ante los justos reclamos de los panameños. Los recursos del Estado nos pertenecen a todos, y todos merecemos su mejor manejo posible. Esto incluye la revisión del Presupuesto del Estado, la eliminación de los recién aprobados incentivos fiscales al turismo, la renuncia de la rectora de la UNACHI y la aprobación de la ley de conflictos de intereses, por tan solo mencionar algunos.
-Exigimos al Contralor General de la República cumplir con su deber fiscalizador sobre todos los Órganos del Estado que la población reclama y la Constitución lo obliga.
-Insistimos en la urgente necesidad de fortalecer los servicios públicos; mejorar el sistema educativo a todos los niveles, así como el mejoramiento real en las instituciones de salud, y la seguridad social, al igual que la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo económico sostenible para todos los panameños. Existen suficientes diagnósticos. Lo que falta es acción y voluntad de emprender los cambios sin más dilación.
-El país se encuentra en un punto de inflexión donde se requiere de la buena voluntad de todos, por lo que reafirmamos nuestro compromiso de ser parte de la solución. Tenemos que trabajar por un país más equitativo, con respeto al Estado de Derecho, cumplimiento estricto de las leyes, certeza de castigo, y garantía de la participación ciudadana, así como de sus derechos.