Titulaciones de tierras colectivas es abordado por indígenas y comisión del gobierno

Titulaciones de tierras colectivas es abordado por indígenas y comisión del gobierno
Comisión de Alto Nivel Interinstitucional se mantiene reunida con las autoridades indígenas. Foto/Cortesía.

Preparan una hoja de ruta con todas las recomendaciones del pleno para encontrar una solución definitiva a las solicitudes.

Continúa la reunión de la Comisión de Alto Nivel Interinstitucional en el Salón de la Nacionalidad del Ministerio de Gobierno, analizando el tema de las titulaciones de tierras colectivas de los pueblos indígenas de Panamá.

Esta comisión fue instalada la semana pasada por la ministra de Gobierno Janaina Tewaney y el viceministro de Asuntos Indígenas Ausencio Palacio, a solicitud de las autoridades tradicionales, miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP).

El administrador de la ANATI, José Gabriel Montenegro, y la viceministra de Ambiente, Diana Laguna, entre otras autoridades de la comisión, atienden la petición y agenda de los pueblos originarios sobre las diferentes solicitudes de titulación de Tierras Colectivas, conociendo sus respectivos estatus y preparando una hoja de ruta con todas las recomendaciones del pleno para encontrar una solución definitiva a estas solicitudes, que buscan garantizar la seguridad territorial que exigen los pueblos originarios.

La comisión sigue analizando los principales obstáculos que han tenido los procesos de solicitud de tierras colectivas, y la Comisión de Alto Nivel Gubernamental tiene el compromiso de dar respuestas concretas y definitivas a estas demandas que datan de varios quinquenios.

Participan en esta reunión de alto nivel las autoridades tradicionales de los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de congresos y consejos de los territorios indígenas, todos miembros de la COONAPIP.

Esta primera reunión aborda el tema de la titulación colectiva de tierras, pero en próximas reuniones, cada miércoles, se atenderán otros temas como: desalojo de colonos e invasores de tierras indígenas, control de la tala indiscriminada en los territorios, atención del fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor del territorio Madungandí y Alto Bayano, así como solicitudes de infraestructuras en el campo de la salud, la educación y carreteras.

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