La Comisión celebró que el Parlamento rumano haya mejorado, según dijo, el procedimiento para levantar la inmunidad política a los cargos electos enjuiciados y constata una mayor “efectividad” a la hora de sancionar la corrupción de alto nivel desde 2021.
La Comisión Europea anunció este martes su intención de cerrar las evaluaciones individualizadas que realiza periódicamente a Rumanía en materia de independencia judicial y de lucha contra la corrupción desde que el país accedió a la Unión en 2007, al entender que ya cumple con los estándares comunitarios.
Bruselas valoró los “esfuerzos significativos” que, a su juicio, ha desempeñado recientemente el Gobierno rumano, liderado desde 2019 por los liberal-conservadores, con la puesta en marcha de “una nueva estrategia para reforzar el papel de la judicatura”.
Fuentes comunitarias aseguraron que las nuevas leyes para regular el poder judicial “están yendo en la dirección correcta” en aspectos como, por ejemplo, una mayor transparencia en las nominaciones de la cúpula de la Fiscalía, la regulación de las inspecciones judiciales o la creación de un nuevo régimen disciplinario para los jueces.
Un alto funcionario de la Comisión constató que existe un progreso desde finales de 2019, justo cuando regresaron al poder los liberal-conservadores, después de que, según dijo la misma fuente, hubiese un “deterioro” de la situación entre 2017 y 2018, con las polémicas reformas judiciales del Ejecutivo socialdemócrata de entonces.
Durante aquel período, el Gobierno impulsó una reforma que pretendía darle al ministro de Justicia poderes para intervenir en el trabajo de los jueces y que derivó en la creación de un tribunal específico para juzgar a magistrados, lo que para Bruselas fue concebido como una herramienta de presión sobre la judicatura.
En febrero de 2022, este tribunal especial fue desmantelado siguiendo las recomendaciones que la Comisión Europea lanzaba a Rumanía a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación, el instrumento con el que, hasta ahora, la UE evaluaba el cumplimiento del Estado de Derecho en el país desde su adhesión a la Unión y que este martes anunció su intención de ponerle punto y final.
La lucha contra la corrupción en Rumanía era otro asunto que, hasta ahora, el Ejecutivo comunitario también evaluaba de forma periódica a través del Mecanismo de Cooperación y Verificación y que también aplicó a Bulgaria con su entrada a la UE.
La Comisión celebró que el Parlamento rumano haya mejorado, según dijo, el procedimiento para levantar la inmunidad política a los cargos electos enjuiciados y constata una mayor “efectividad” a la hora de sancionar la corrupción de alto nivel desde 2021.
En 2019, el Parlamento rumano también derogó la controvertida ley sobre la libertad condicional, aprobada por el anterior gobierno socialdemócrata en 2017, que excarceló a miles de condenados y que, para Bruselas, entorpeció la lucha contra la corrupción política y el crimen organizado en el país.
Gracias a todos estos cambios, el Ejecutivo comunitario manifestó su voluntad de que, a partir de ahora, el Estado de Derecho en Rumanía deje de estar sometido a un examen específico y pase a ser analizado en el marco general de los informes anuales que la Comisión realiza para cada Estado miembro.
Aun así, la decisión aún tiene que formalizarse, ya que el Ejecutivo comunitario habilita ahora un período de tiempo para que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo, el órgano que aglutina a los gobiernos de los Veintisiete, puedan expresar sus observaciones.
Con todo, la Comisión recordó a Rumanía que aún tiene deberes pendientes con la reforma del código penal, que está en marcha y sobre la cual Bruselas constata la existencia de “rápidos progresos”, a fin de homologarse a los estándares comunitarios.