Pedro Castillo anunció la medida poco antes de que el Congreso votara para destituirlo. Buena parte de su gobierno renunció en protesta por lo que los líderes políticos calificaron como un intento de golpe de Estado.
LIMA — El presidente de Perú anunció el miércoles la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia para gobernar por decreto el miércoles, una medida sorprendente que los líderes políticos de todo el espectro se apresuraron a denunciar como un intento de golpe de Estado.
La declaración del presidente Pedro Castillo se produjo horas antes de que el Congreso tuviera una votación, previamente programada, sobre un juicio político contra Castillo por cargos de corrupción. Después del discurso de Castillo, el Congreso adelantó su reunión y votó con rapidez para destituirlo como mandatario.
Para la tarde del miércoles, Castillo estaba bajo arresto y su vicepresidenta, Dina Boluarte, prestó juramento como presidenta, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir el país.
“Necesitamos a los mejores peruanos”, dijo Boluarte, de 60 años, abogada y funcionaria pública con experiencia, “gobernar el Perú no será tarea fácil”.
El anuncio de Castillo replicaba una decisión del presidente Alberto Fujimori, quien fue elegido democráticamente en 1990 y tras dos años dio un golpe de Estado con el apoyo de los militares y gobernó como dictador hasta el año 2000. Ahora está en prisión acusado de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
Perú ya se ha visto lastrado por años de escándalos de corrupción de alto nivel que han resultado en que el país haya tenido seis presidentes desde 2016. El mandato de Castillo profundizó la sensación de que el sistema político del país no funciona.
El intento de Castillo de desafiar al Congreso sumió a la frágil democracia en su mayor crisis política en años.
“Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de derecho y la democracia”, dijo Castillo, y añadió que convocaría elecciones para un nuevo Congreso “con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución”.
Muy pronto, sin embargo, se hizo evidente que su anuncio tenía poco apoyo, lo que provocó la renuncia en masa de gran parte de su gobierno y una declaración conjunta de las fuerzas armadas y la policía de Perú en la que daban a entender que Castillo no tenía la autoridad legal para llevar a cabo sus medidas y no lo apoyarían.
La televisión peruana mostró imágenes de Castillo y su familia saliendo del palacio presidencial. Lo llevaron a una estación de policía en Lima, aunque no está claro qué cargos enfrenta.
La embajada de Estados Unidos en la capital peruana también se apresuró a emitir un comunicado en el que condenaba a Castillo. “Estados Unidos insta enfáticamente al presidente Castillo a revertir su intento de cerrar el Congreso y permitir que las instituciones democráticas de Perú funcionen según la Constitución”, dijo la embajada en un tuit. “Alentamos al público peruano a mantener la calma durante este tiempo incierto”.
Tras el anuncio de Castillo, su abogado personal y varios miembros de su gobierno renunciaron, incluidos los ministros de Economía, Justicia y Derechos Humanos, Medioambiente, Transporte, Cultura y de la Mujer; el embajador en la Organización de los Estados Americanos; y el ministro de Relaciones Exteriores, quien tuiteó que la decisión del presidente estaba “violando la Constitución”.
“Este es un golpe de Estado”, dijo Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional. Hizo un llamado a las fuerzas armadas para ayudar a restablecer el orden.
La Defensoría del Pueblo exigió la “inmediata renuncia” de Castillo y pidió al líder peruano entregarse a las autoridades judiciales.
Tras una nueva serie de acusaciones de corrupción, el Congreso había programado una votación para el miércoles por la tarde para destituir a Castillo, el tercer intento de este tipo.
Desde el inicio de su mandato, Castillo se ha visto salpicado por escándalos de corrupción de alto nivel, investigaciones penales y cambios en su gabinete. Los fiscales lo han acusado de dirigir una organización criminal con legisladores y miembros de su familia para beneficiarse de contratos gubernamentales y de obstruir repetidamente la justicia.
El mes pasado, el mandatario peruano también amenazó con disolver el Congreso mediante una polémica maniobra constitucional, y los medios de comunicación del país informaron recientemente que había intentado sondear a los líderes militares para que apoyaran tal medida.
Desde que Castillo asumió el cargo, su gobierno ha visto pasar a más de 80 ministros y ha llenado muchos puestos con aliados políticos sin experiencia relevante para el cargo, algunos de los cuales han enfrentado investigaciones por corrupción, violencia doméstica y asesinato.
Tras la renuncia del ministro de Defensa el sábado, quien alegó motivos personales, los rumores de un golpe militar —a favor y en contra de Castillo— se hicieron virales en las redes sociales, lo que llevó a algunos legisladores de la oposición a pasar la noche en el Congreso el domingo por temor a un intento violento de las fuerzas armadas de cerrar la cámara. No se produjo tal intento.
El martes, el comandante general del ejército peruano presentó su renuncia, alegando motivos personales, en una carta hecha pública el miércoles.
Castillo, quien había sido agricultor, maestro y activista sindical sin experiencia previa en el gobierno, derrotó por un margen estrecho a Keiko Fujimori, política de carrera de derecha, en las elecciones del año pasado, tras hacer campaña en apoyo de los peruanos pobres que habían quedado rezagados por la expansión económica del país en este siglo.
Su victoria reflejó la creciente desilusión en Perú hacia una clase política de élite que se ha visto empañada por años de escándalos de corrupción y peleas internas. Dos de los predecesores de Castillo se enfrentaron a dos procesos de juicio político cada uno, y ambos los consideraron ilegales.
El expresidente Martín Vizcarra, el único dirigente peruano destituido con éxito antes que Castillo, dejó el cargo tras la votación de 2020, pero presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se negó a pronunciarse sobre su legalidad.
En un mensaje televisado a la nación el martes por la noche, Castillo dijo que la moción de destitución era parte del mismo intento de impedirle gobernar que le ha perseguido desde su victoria sobre Fujimori, quien por semanas encabezó una campaña para anular los resultados de las elecciones a partir de denuncias infundadas de fraude.
“A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo, porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes, estimados peruanos y peruanas, definieron con su voto en las urnas”, dijo Castillo.
“Soy honesto”, añadió. “Un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno”.
Genevieve Glatsky colaboró con reporteo desde Bogotá, Colombia, y Elda Cantú, desde Ciudad de México.