Aparte de los partidos en el gobierno y la oposición, en este tipo de sesiones conjuntas, poco habituales en Marruecos, también intervienen los representantes de la patronal y los sindicatos, y este lunes adoptaron por unanimidad una resolución para revisar sus relaciones con la Eurocámara.
El Parlamento, los partidos, la patronal y los sindicatos marroquíes cargaron este lunes con dureza contra el Parlamento Europeo (PE) tras su resolución pidiendo libertad de expresión en el país magrebí, que consideran un “chantaje”, un intento de “tutela” de corte colonialista y una “injerencia” en su soberanía.
La sede de la Cámara de Representantes (baja) de Rabat acogió una sesión plenaria de las dos cámaras marroquíes convocada ex profeso para tratar la resolución europea, que pide también liberar a periodistas críticos y restringir el acceso de representantes marroquíes a la Eurocámara mientras se investigue el asunto de corrupción “Catargate”, que no ha salido en el debate.
Aparte de los partidos en el gobierno y la oposición, en este tipo de sesiones conjuntas, poco habituales en Marruecos, también intervienen los representantes de la patronal y los sindicatos, y este lunes adoptaron por unanimidad una resolución para revisar sus relaciones con la Eurocámara.
De los 17 intervinientes, todos menos tres (dos de partidos de izquierdas y un tercero de un sindicato) cerraron filas en la defensa de la soberanía marroquí y el trabajo del país para avanzar en los derechos humanos, con una forma que rozaba a veces el enfado y un fondo que criticaba la “injerencia” europea, justificándola en ocasiones de forma velada en un supuesto servilismo europeo a Argelia.
“El Parlamento de Marruecos toma nota con gran asombro e indignación de esta resolución, que destruye la confianza entre las instituciones legislativas marroquíes y europeas”, dice la declaración leída al final del pleno, que se alargó una hora y media.
La resolución del PE menciona los casos de los periodistas Omar Radi, Suleimán Raisuni y Taoufik Bouachrin, condenados respectivamente a 6, 5 y 15 años de cárcel por delitos sexuales y de espionaje, y cuya liberación piden Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras y Human Rights Watch.
Según el Parlamento marroquí, sus causas son de “derecho común” y se emplean para hacer un “uso político”.
Ante el pleno, los discursos de los portavoces de los partidos giraron en torno a la “injerencia” que supone, dijeron, que una institución europea dé lecciones a Marruecos en democracia y derechos humanos, y actúe con tintes de “superioridad colonial”.
“No vamos a aceptar que nuestra patria sea objeto de amenazas y no vamos a cambiar nuestras posturas ni nuestro enfoque, estamos convencidos de la justicia de nuestras causas y llamamos a los eurodiputados a parar”, criticó Mohamed Ghiat, portavoz del grupo centrista liberal Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, que encabeza el actual Ejecutivo).
El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), parte del tripartito en el poder, calificó la resolución como “ataque claro y sistemático” e “injerencia flagrante”, así como un “intento para influir en la justicia” marroquí, según su diputado Ahmed Touizi.
Varias fueron las referencias veladas de diputados y sindicalistas al país vecino y enemigo Argelia, a quien se achacaba estar detrás de la decisión europea a cambio de gas.
“Sabemos lo que contiene ese pozo de sangre que huele a gas prometido”, dijo el portavoz del partido en la oposición Movimiento Popular. “Algunos del viejo continente están cometiendo errores a causa del olor a gas”, añadió Nouredine Salik, de la Unión Marroquí del Trabajo, el sindicato más representativo del país.
Con el Gobierno español, en cambio, los diputados se mostraron agradecidos, en vista de que los eurodiputados socialistas votaron en contra de la resolución y su presidente, Pedro Sánchez, apoyó este gesto. Unos agradecimientos a los que siguieron el aplauso unánime de la sala.
La resolución de la Eurocámara ha desatado reacciones condenatorias de instituciones marroquíes como el Consejo Supremo del Poder Judicial, que la acusó de “erigirse en un tribunal para juzgar a la Justicia marroquí”, y el Consejo Nacional de Prensa, que criticó a la institución europea por “basarse en informes inexactos”.
A nivel nacional pocos apoyos se manifestaron a la resolución del PE, solo la de una red de periodistas y activistas presos que señaló que las recomendaciones de la institución europea corresponden a demandas que vienen reclamando en los últimos cinco años.
Fuera de Marruecos, Reporteros Sin Fronteras celebró la resolución, que calificó de “histórica”, y recordó que llevaba alertando años a los parlamentarios europeos de la “intimidación y el acoso judicial a los periodistas marroquíes”.