Los políticos de oposición exigen al gobierno que despliegue a la policía para cerrar el paso fronterizo de Roxham Road y señalaron que Quebec, la provincia que absorbe a muchos de los migrantes que entran ilegalmente, “no es un paquete” de vacaciones con “todo incluido”.
La casa de Hélène Gravel está ubicada en Roxham Road, cerca del paso fronterizo ilegal más famoso de Canadá, el cual utilizan los migrantes que salen de Estados Unidos para buscar asilo en el norte. A Hélène Gravel cada vez le frustra más observar cómo el crudo invierno no ha conseguido contener la afluencia histórica de migrantes y cómo la ciudad de Nueva York, incluso, ha empezado a comprarles boletos de autobús a los que se dirigen hacia donde ella vive.
“No hay ninguna voluntad política para arreglar esto”, opinó Gravel, de 77 años, en la entrada de su casa, a tiro de piedra de la frontera.
“Canadá es blanda”, comentó y agregó que los solicitantes de asilo deberían ser procesados en los pasos fronterizos oficiales. “Además, a Estados Unidos no le importa porque esto no es nada comparado con lo que ocurre en su frontera sur”.
Aunque la cantidad de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos es mucho mayor, también está aumentando la de los que entran en Canadá.
Casi 40.000 migrantes cruzaron ilegalmente al país el año pasado —más del doble que en 2019— y el número de los que llegan mensualmente se ha disparado a últimas fechas, incluidas casi 5,000 personas en enero.
Frente a la escasez de mano de obra, Canadá de hecho está abriendo mucho más sus puertas a los migrantes legales y hace poco se comprometió a aumentar de manera significativa la cantidad de estos y aceptar para el año 2025 a 1,5 millones.Sin embargo, un extraordinario movimiento de migrantes por todo el mundo que comenzó durante la pandemia y se alimentó de la miseria económica y la creciente inseguridad en muchos países, ha puesto a Canadá en una situación inusual.
Gracias a la protección que le brinda su geografía, a sus estrictas políticas de inmigración que favorecen a las personas con educación y calificadas y a su frontera única con Estados Unidos, Canadá se ve ahora obligada a enfrentar un problema que ha atormentado a otras naciones occidentales ricas durante mucho tiempo: los pasos ilegales masivos a través de fronteras por tierra.
Con el tipo de lenguaje antimigrante que rara vez se escucha en Canadá, los políticos de oposición le están exigiendo al gobierno que despliegue a la policía para cerrar el paso fronterizo de Roxham Road y señalaron que Quebec, la provincia que absorbe a muchos de los migrantes que entran ilegalmente, “no es un paquete” de vacaciones con “todo incluido”.
El aumento de solicitantes de asilo de todo el mundo —quienes entran a Canadá de forma ilegal a través de Estados Unidos— también está complicando una visita a Canadá del presidente Joe Biden planeada para marzo, pues tanto él como el primer ministro Justin Trudeau se enfrentan a una creciente presión nacional para hacerle frente a la inmigración ilegal en sus fronteras.
François Legault, primer ministro de Quebec, y los políticos de oposición están presionando a Trudeau no solo para que cierre Roxham Road, sino también porque quieren que renegocie un tratado de 2004 con Estados Unidos que, según ellos, ha fomentado los pasos ilegales. Se espera que el tribunal más alto de Canadá dé su fallo sobre la constitucionalidad del tratado este verano.
En Roxham Road, agentes de la Real Policía Montada de Canadá les advierten a los migrantes que serán arrestados y acusados de entrar de manera ilegal a Canadá.
Sin embargo, una vez que les levantan cargos, son liberados rápidamente.
Lo más común es que después de unos meses puedan empezar a trabajar y recibir atención médica y otras prestaciones sociales en Canadá mientras se tramitan sus solicitudes. Muchos migrantes son recibidos en hoteles pagados por el gobierno durante largos periodos y los niños son inscritos en escuelas públicas.
Trudeau, quien en el pasado ha sido altanero al momento de hablar sobre la acogida de los refugiados, hace poco endureció su postura al declarar explícitamente que el gobierno federal está trabajando en la renegociación del tratado y planteará el asunto cuando se reúna con Biden. Su cambio de tono llega ahora que el gobierno de Biden ha anunciado renovadas medidas severas contra los migrantes que crucen de forma ilegal a Estados Unidos.
Según los expertos, al gobierno de Biden no le interesa cambiar el tratado, lo cual podría provocar que haya más solicitantes de asilo en Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Canadá, David L. Cohen, expresó su escepticismo sobre la renegociación del acuerdo en una entrevista con la emisora pública canadiense, Canadian Broadcasting Corp.
Debido al aumento de las quejas en torno a que Quebec estaba cargando injustamente con el costo de cuidar a los solicitantes de asilo, el gobierno federal ha trasladado a miles de ellos a comunidades de la provincia vecina de Ontario, donde los funcionarios locales ahora también están protestando por estar desbordados.
“La realidad de la migración mundial en el siglo XXI nos está alcanzando”, opinó Karine Côté-Boucher, socióloga y experta en fronteras de la Universidad de Montreal. “La migración irregular es nueva para nosotros y está teniendo un impacto en todos”.
Conforme a un tratado entre Canadá y Estados Unidos llamado Acuerdo de Tercer País Seguro, los solicitantes de asilo que provienen de un tercer país deben presentar sus solicitudes en Estados Unidos si llegan ahí primero o en Canadá si ese es su primer punto de desembarco. Por lo tanto, a los solicitantes de asilo que intentan entrar en Canadá desde Estados Unidos por los pasos fronterizos oficiales se les niega la entrada y se les regresa a Estados Unidos.
Sin embargo, el mismo acuerdo también contiene una laguna que les permite a los solicitantes de asilo cruzar de forma ilegal a Canadá, por Roxham Road o cualquier otro paso fronterizo no oficial, y solicitar asilo en Canadá, aunque primero hayan estado en Estados Unidos.
Al 37 por ciento de las 81.418 personas que cruzaron ilegalmente a Canadá desde febrero de 2017, les aprobaron sus solicitudes. A poco más del 34 por ciento les rechazaron sus solicitudes, las abandonaron o las retiraron. Las solicitudes del 28 por ciento siguen pendientes.
El tratado se basa en la premisa de que tanto Estados Unidos como Canadá procesan las solicitudes para brindar refugio de acuerdo con la legislación internacional de los refugiados.
No obstante, desde hace tiempo los defensores de los refugiados han argüido que los derechos de los solicitantes de asilo no cuentan con una protección adecuada en Estados Unidos, donde corren el riesgo de ser detenidos o deportados a los países de los que huyeron.
La Corte Suprema de Canadá en Ottawa, Ontario, coincidió con los defensores y en 2020 dictaminó que el tratado violaba la Constitución canadiense. Sin embargo, esa sentencia fue anulada tras una apelación y ahora se espera que la Corte Suprema de Canadá emita una sentencia final este verano.
Según los defensores de los migrantes, Estados Unidos es cada vez más inseguro para los migrantes que solicitan asilo, pues el gobierno de Biden facilita que los deporten rápido. Incluso las autoridades de ciudades liberales como Nueva York han empezado a enviarlos en autobús a otros lugares.
Mientras la Corte Suprema sopesa el destino del tratado, los migrantes siguen pasando por el paso de Roxham Road, lo cual ha intensificado las exigencias de su cierre.
No obstante, según los expertos, es probable que cerrarlo orille a los migrantes a intentar cruzar a Canadá a través de puntos más peligrosos a lo largo de los casi 8,800 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
“No está muy claro cómo se podría impedir que crucen decenas de miles de solicitantes de asilo que creen tener derecho a hacerlo”, comentó Laura Macdonald, politóloga de la Universidad de Carleton.