Este miércoles, tres días antes de la coronación de Carlos III, entró en vigor una nueva Ley de Orden Público que amplía los poderes de la policía británica ante protestas y manifestaciones.
Cerca de 30.000 policías participan esta semana en el dispositivo de seguridad en Londres antes y durante la coronación de Carlos III, el próximo sábado, un evento al que acudirán numerosos mandatarios mundiales y que atraerá a cientos de miles de personas a la capital británica.
La Policía Metropolitana de Londres (Met) contará con la ayuda de centenares de agentes de otros cuerpos del Reino Unido para desplegar un plan análogo al que se puso en marcha durante el funeral de la reina Isabel II, el pasado septiembre, y previamente en su Jubileo de Platino, en febrero de 2022.
Ambos “fueron un éxito y hemos aprendido de ellos”, afirmó durante un encuentro con periodistas internacionales el comandante adjunto de la policía londinense Ade Adelekan, que detalló que las fuerzas de seguridad se han preparado para la coronación “durante meses”.
El comandante adjunto recalcó la “enorme importancia nacional” de que las celebraciones se desarrollen sin incidentes y aseguró que sus agentes actuarán con “extrema rapidez” en caso de que se produzcan protestas o actos que puedan “interrumpir” el evento.
Preguntado por si la policía actuará contra personas que porten pancartas en contra de la monarquía o protesten de forma pacífica, Adelekan aseguró que su actuación dependerá del “contexto”.
“Voy a ser muy claro. Nuestro umbral respecto a cualquier cosa que interrumpa o que impida que esto sea un éxito absoluto va a ser muy bajo. Lidiaremos con ello de manera extremadamente expeditiva”, recalcó.
Este miércoles, tres días antes de la coronación de Carlos III, entró en vigor una nueva Ley de Orden Público que amplía los poderes de la policía británica ante protestas y manifestaciones.
La legislación establece penas de hasta seis meses de cárcel y multas ilimitadas para quien se encadene a objetos o edificios como medida de protesta, y doce meses para aquellos que “interfieran en infraestructuras clave como carreteras, aeropuertos y vías de tren”.
Entre otras medidas, también permite a la policía registrar a personas a las que identifiquen como potenciales manifestantes con intenciones de “provocar interferencias graves” en el espacio público.
“Damos la bienvenida a esos nuevos poderes”, declaró Adelekan. “Protestar es legal en este país, pero si se desliza hacia la criminalidad, entonces podemos tomar acciones preventivas”, agregó el mando policial.