Diversos sectores políticos conservadores y de los gremios empresariales han rechazado la convocatoria a la denominada “tercera Toma de Lima”
Cientos de personas se unieron este sábado en Lima a una marcha convocada por sectores conservadores y religiosos para pedir por la paz en el país, escasos días antes de una nueva jornada de protestas antigubernamentales anunciada para el próximo miércoles en la capital peruana.
El legislador Alejandro Muñante, del partido ultraconservador Renovación Popular, encabezó la denominada Marcha por la Paz en el centro de Lima, junto a otros integrantes de su grupo político y representantes de iglesias evangélicas en el país que llegaron portando banderolas y globos blancos.
“Hemos hecho una marcha por la paz días antes de una supuesta Toma de Lima y lo que se ha mostrado es la convocatoria masiva de ciudadanos que se han comprometido con mensajes positivos”, declaró el también tercer vicepresidente del Congreso al Canal N.
Muñante compartió en sus redes sociales una imagen encabezando la marcha con una bandera del Perú en la que afirmó que “miles de peruanos nos unimos hoy por el futuro del Perú” con el lema Por la paz somos más.
Diversos sectores políticos conservadores y de los gremios empresariales han rechazado la convocatoria a la denominada “tercera Toma de Lima” hecha por grupos de izquierda, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
Este sábado, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo en una entrevista con RPP Noticias que la Policía Nacional tiene “24.000 efectivos preparados, entrenados, capacitados con el equipamiento, tal vez, no el necesario, pero sí para poder responder a estas expectativas” de una masiva movilización en Lima.
“Nosotros seremos muy firmes con aquellos que generen violencia. Hemos dado precisiones y disposiciones estrictas a la Policía Nacional para que dé cumplimiento a la ley y haga el uso de la fuerza”, agregó Romero.
El ministro señaló que se tiene que “respetar a aquellas personas que quieren trabajar libremente, transitar y hacer prevalecer sus derechos”, así como el derecho de las personas que desean manifestarse.
En las protestas que se produjeron, tras la sucesión constitucional en la Presidencia de la República, hubo cerca de medio centenar de muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, entre diciembre y febrero pasados.
Las movilizaciones estallaron en Perú tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022) después de que anunció un autogolpe de Estado, que ninguna institución acató, y por el cual está detenido en la cárcel de Barbadillo por los delitos de rebelión y conspiración.