La casa editora Panamá América pasará a manos del Estado panameño
La Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, emitió sentencia condenatoria contra 3 ciudadanos, en calidad de autores del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 255, numeral 1 del Código Penal (CP), en el caso denominado “New Business”.
También declaró responsables como autores a otras dos personas, entre las que se encuentra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del CP.
Además, en la sentencia se ordenó la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial.
De igual forma, se impuso una multa equivalente a $19,221,600.48 como pena accesoria al señor ex presidente de la República. A los directores de las empresas contratistas se les inhabilitó para el ejercicio del comercio por un término igual al de la pena principal.
En el fallo mixto, de fecha 17 de julio de 2023, que se encuentra en su etapa de notificación, se absolvió a 10 personas y se levantaron las medidas cautelares y reales que pesaban en contra de estos, siempre que no guarden relación con la situación jurídica de otros coprocesados que se encuentran pendientes que se defina su situación jurídica.
Dentro de las 306 páginas contentivas de la sentencia, la juzgadora también resolvió 9 incidentes presentados por las partes, luego de celebrada la audiencia ordinaria, que tuvo una duración de 9 días, en la cual se practicaron pruebas testimoniales y periciales y las partes intervinientes expusieron sus respectivos alegatos de conclusión.
A los testigos que fueron citados y no comparecieron a la audiencia, se les multó con la suma de cien balboas (B/.100.00), que deberán cancelar a favor del Tesoro Nacional.
En este juicio el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales contra la Delincuencia Organizada Emeldo Márquez, Uris Vargas y Gilberto Arona. En tanto, por la defensa técnica particular participaron, 12 abogados.
Cabe resaltar que durante todo el desarrollo del juicio se contó con la presencia de los defensores públicos alternos Luis Tapia, Samuel Pereira, Ricardo Vial, Ricardo Maza y Fernando Peñuelas, todos designados por el tribunal para intervenir en el evento de que alguno de los defensores particulares no se presentase.
Esta causa -que consta de 178 tomos- inició en 2017, cuando el Ministerio Público tuvo conocimiento de la posible comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, relacionado con la compra de un medio de comunicación social.