Las defensas técnicas anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares decretadas
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Oris Medina, decretó la medida cautelar personal de detención provisional contra 11 ciudadanos por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de conspiración para cometer un delito relacionado con droga, en una audiencia que finalizó la noche de ayer sábado 26 agosto, tras desarrollarse por dos días.
La juzgadora después de escuchar y analizar los argumentos de las partes intervinientes, basó su decisión de aplicar las medidas cautelares personales antes mencionadas, tras considerarlas proporcionales a la naturaleza del hecho y al grado de vinculación de cada uno de los imputados, además de los riesgos procesales enunciados en el acto de audiencia.
Previamente, se legalizó la aprehensión de los 16 ciudadanos y se dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, representado por la fiscal Gleecy Hernández. Los imputados fueron asistidos por 10 defensores técnicos particulares y un defensor público.
Las defensas técnicas anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares decretadas por la jueza de garantías. La audiencia quedó programada para el próximo 4 de septiembre, a las 8:30 a.m., en la sala nº 5 ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ubicado en Plaza Fortuna.
Este caso guarda relación con la aprehensión de unas 16 personas por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer un delito relacionado con drogas.
Validan acuerdos de pena
Previamente, la jueza de garantías Oris Medina, validó cinco acuerdos de pena consensuados entre los representantes del Ministerio Público, la defensa técnica particular y la defensa pública y procedió a emitir las siguientes sentencias condenatorias: a tres ciudadanos se les sancionó a la pena de 60 meses de prisión, y como pena accesoria se les impuso una multa de B/. 300.00 pagaderos al tesoro nacional en un término de 6 meses.
En tanto, un imputado fue condenado a la pena de 68 meses de prisión y como pena accesoria se le ordenó la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de dos años una vez cumplida la pena principal.
Asimismo, a otro ciudadano se le aplicó la pena de 75 meses de prisión y como pena accesoria se le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de dos años una vez cumplida la pena principal.