El concepto del procurador fue remitido a la Corte Suprema de Justicia
El procurador general de la Administración, Rigoberto González Montenegro, remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), su opinión referente a tres acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023.
Se trata del recurso presentado por el abogado Ariel Corbetti, que presentó la acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1,2 y 3 de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial 29894 A de 20 de octubre de 2023.
En esta acción, el procurador declaró que son inconstitucionales los artículos demandados por Corbetti, toda vez que infringen los artículos 17, 19,20,290,292 y 295 de la Constitución Política de la República de Panamá.
González Montenegro también remitió opinión sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra la Ley 406 de 20 de octubre de 2023. En este recurso, el procurador resolvió que es inconstitucional esta ley, pues infringe los artículos 163 y 259 de la Constitución Política de la República de Panamá.
En tanto, también emitió opinión sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el jurista Martín Jesús Molina, en contra de la frase “…contados a partir del 22 de diciembre de 2021…” contenida en el artículo 1, del primer parágrafo de la Cláusula Segunda de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023.
En este recurso declaró inconstitucional está frase demandada toda vez que infringe el artículo 46 de la Constitución.
La CSJ confirmó que recibió el pasado jueves 9 de noviembre de 2023, estas tres nuevas opiniones del procurador de la Administración.
En este sentido, explicó que los edictos mediante los cuales se comunica la apertura de la fase de alegaciones se publicaron en dos diarios de la localidad con circulación nacional, el 10 de noviembre, el sábado 11 de noviembre y el domingo 12 de noviembre de 2023.
En tanto, hoy lunes 13 de noviembre se iniciará el periodo de 10 días para la presentación de los alegatos de las personas interesadas en emitir una opinión respecto a las demandas de inconstitucionalidad interpuestas.
Reiteró que es su “prioridad número uno” resolver las demandas de inconstitucionalidad admitidas sobre la Ley 406.