Gobierno estadunidense declaró a algunos funcionarios de Centroamérica inelegibles para visa
En este mes, Estados Unidos le ha quitado la visa a alrededor de 400 actores políticos latinoamericanos, principalmente guatemaltecos, seguidos de nicaragüenses, hondureños y salvadoreños.
Según publicó Listin Diario, el gobierno estadunidense actualizó su listado de actores corruptos y anti-democráticos según la sección 353.
En la lista actualizada están funcionarios salvadoreños de libre acceso a la información acusados de bloquear los procesos; varios fiscales guatemaltecos por las persecuciones después de las elecciones; alicates nicaragüenses del régimen orteguista partícipes en las confiscaciones y el ministro hondureño de Planificación por su rol en la violencia contra diputados opositores.
Por mencionar algunos actores corruptos y anti-democráticos que aparecen en el listado según la Sección 353 figuran: Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, quien se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas de soborno, malversación de fondos y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales.
También aparece Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez actual en Guatemala, quien socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
A su vez, Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), quien incurrió en corrupción significativa al adjudicar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos.
También aparece Arling Patricia Alonso Gómez , actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Nicaragua, acusada de socavar procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.