Milei enfrenta una andanada de demandas por su decreto económico

Milei enfrenta una andanada de demandas por su decreto económico
Foto de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Sancionado el miércoles pasado, aún no está claro cuándo entrará en vigencia esta reforma total de la maltrecha economía argentina

Una cascada de demandas judiciales enfrenta el gobierno del ultraderechista Javier Milei por sus medidas de desregulación económica del país contenidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU), anunciado hace una semana.

La situación se torna más tensa al conocerse que el gobierno argentino no renovará alrededor de 5,000 contratos públicos el año próximo y revisará más de un millón de planes sociales.

 “Los argentinos no deben hacerse cargo de este dinero”, enfatizó este martes 26 de diciembre el portavoz presidencial Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

Según publicó EFE, la primera de las demandas contra las medidas del ultraderechista se presentó al día siguiente de que anunció las más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación.

Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.

Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente está intentando “sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes”.

En el mismo sentido se han pronunciado otros denunciantes, que han acusado al gobierno de “pretender avanzar con una estrategia de demolición sobre la sociedad argentina” y han solicitado que se suspendan los efectos del DNU por ser “inconstitucional y antidemocrático”.

Respecto a los planes sociales, el Ejecutivo argentino iniciará la auditoría de más de un millón de planes y prevé, amparándose en los cálculos de las investigaciones judiciales, que 160,000 beneficiarios podrían estar recibiendo estas ayudas de manera “irregular”.

De acuerdo al portavoz, estos planes tendrían un valor total de 10,000 millones de pesos argentinos (12,45 millones de dólares).

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