Teoría de judicializar el torneo electoral toma fuerza con recurso para tumbar la candidatura del abanderado de RM-Alianza
El alcance, la intervención y posible injerencia de la justicia ordinaria en la justicia electoral despertó la preocupación de los magistrados del Tribunal Electoral.
“Es lamentable que quedemos nosotros sirviendo de analogía de lo que ocurrió en Guatemala con la famosa judicialización del proceso electoral”, dijo el magistrado Eduardo Valdés.
Las declaraciones surgieron tras la admisión por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de un recurso de inconstitucionalidad contra de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.
Tras admitir la demanda de inconstitucionalidad, la CSJ corrió traslado al procurador general de la Nación, para que emita concepto, dentro de un término no mayor de 10 días.
“En el fallo del Tribunal Electoral, primer acuerdo donde se decidió la inhabilitación, se planteó el tema que está ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia. Los planteamientos de la mayoría que votó a favor de mantener al vicepresidente”, cuestionó Valdés.
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El organismo electoral panameño no quiere ser comparado con nadie. “El Tribunal Electoral se ha destacado por ser una entidad de clase única”, añadió.
Recientemente, el abogado y diputado independiente, Juan Diego Vázquez, manifestó que no hay asidero jurídico para la inhabilitación de José Raúl Mulino.
“Él jurídicamente debe correr, si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones que han planteado, el llamado debe ser al Tribunal Electoral para que le permita colocar uno. Porque la Ley que no le permite colocarlo no es culpa del candidato, es de la Ley Electoral”, dijo Vásquez.
“Con el análisis que hemos realizado hasta el momento, hemos identificado algunos vacíos en la reglamentación. No se han establecido normativas para abordar este tipo de situaciones que podrían haber surgido y que podrían surgir para cualquier otro candidato en el futuro, y esto es preocupante”, manifestó Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.