El ejército puede parecer una buena opción, especialmente cuando la presión pública exige que los gobiernos actúen con rapidez
Mientras algunos países han impulsado el combate contra el tráfico de drogas utilizando al ejército a costa de perder libertades individuales, como en el emblemático caso de El Salvador, en México la cifra de muertos no ha hecho más que aumentar. Otros, como Argentina y Ecuador, recién experimentan con la medida, informó en un extenso reportaje el diario chileno La Tercera.
La discusión sobre el rol de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico no es nueva. Ni en Chile, ni en la región. Basta con volver al 2019, cuando el entonces Presidente Sebastián Piñera ordenó el envío de tropas a la frontera norte del país para detener el flujo de drogas que ingresaba por las fronteras con Perú, Bolivia y Argentina.
Cinco años después, el contexto es distinto, pero la discusión es la misma. ¿Se debería utilizar a las fuerzas destinadas a defender y salvaguardar al país para controlar el problema del narcotráfico? La pregunta ya se la han hecho en otros lugares.
En conversación con La Tercera, Mike LaSusa, subdirector de contenidos de InSight Crime, aseguró que “los países latinoamericanos han recurrido a menudo a las fuerzas militares para controlar la delincuencia, normalmente en un contexto de altos niveles de violencia”. En su opinión, “cuando la delincuencia está fuera de control, el ejército puede parecer una buena opción, especialmente cuando la presión pública exige que los gobiernos actúen con rapidez”.
Si bien LaSusa considera que “ha habido situaciones en las que los despliegues militares han reducido la violencia”, en la práctica, “esas reducciones suelen ser temporales, o simplemente se desplaza a otra zona. No conozco ningún ejemplo en América Latina en el que los militares hayan tenido éxito a largo plazo en el control del crimen organizado”, concluyó.
Similar piensa Mariano de Alba, asesor senior para Latinoamérica del think tank Crisis Group, quien explicó que la tendencia de la región se debe a que “la capacidad policial en América Latina suele ser frágil. Las fuerzas armadas son más capaces y suelen tener más recursos desde el punto de vista económico y de hardware. En segundo lugar, existe una tendencia a creer que si se involucran, resolverán rápidamente la criminalidad. Sin embargo, su implicación también tiene sus inconvenientes, ya que suelen estar entrenadas para hacer frente a amenazas extranjeras y no son expertas en la gestión de situaciones en las que interviene la dinámica de las comunidades locales”.
Por otro lado, argumenta que la “experiencia general ha sido irregular. Hay algunas historias de éxito, pero también muchas de fracaso. La realidad es que, al final, las FF.AA. también pueden ser cooptadas o sobornadas. Por lo tanto, es difícil concluir que son más capaces que la policía a la hora de enfrentarse al narcotráfico”, planteó.
Mediante un estado de excepción que se extiende por dos años, el autócrata salvadoreño, Nayib Bukele, ha logrado disminuir drásticamente la cifra de homicidios en el contexto de la lucha contra bandas delictivas, más que contra el narcotráfico.
Detractores y entusiastas del “modelo Bukele” reconocen la efectividad en la disminución de muertes violentas, que pasaron de 67 en un solo día, el 22 de marzo de 2022, a menos de 30 entre enero y febrero de este año.
Allí inició la “estética Bukele”
Excesivo, reclaman organismos internacionales y una mínima parte de la población. El escape de “Fito” Macías, líder de una poderosa banda criminal, generó motines, secuestros y desmanes en las calles ecuatorianas a principios del 2024. Y, como consecuencia, se declaró “la existencia de un conflicto armado interno”, con el posterior uso de las fuerzas armadas para controlarlo.
“Estamos luchando contra un ejército de narcotraficantes que tiene 40,000 soldados fuertemente armados y que cuenta con armas modernas, en muchos casos mejores que las de las propias fuerzas de seguridad de Ecuador”, reconoció el Presidente Daniel Noboa en enero.
Si bien aún no se sabe el efecto a largo plazo del uso de las Fuerzas armadas, para el 8 de marzo, día en que el país cumplió dos meses en estado de excepción, las cifras de muertes violentas habían disminuido considerablemente. Posterior al decreto, enero vio una reducción del 45,59% con relación al valor proyectado, con 476 crímenes, consignó el diario El Universo. Para febrero bajó a 365, un 23,32% menos que el primer mes del año.
En México, la militarización del conflicto con el narcotráfico data desde la década de 1970. Sin embargo, el salto ocurrió con el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y su “guerra contra el narco”. La efectividad de la medida, coinciden muchos analistas citados por la prensa internacional, ha sido prácticamente nula, considerando que tras décadas, el problema sigue igual, e incluso peor.
Calderón terminó su sexenio duplicando el número de homicidios del gobierno anterior, alcanzando los 121,000 muertos en situaciones violentas. Pero sus sucesores, Enrique Peña Nieto y el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, siguieron sus pasos. Entre enero de 2006 a mayo de 2021, fueron asesinadas cerca de 350,000 personas, y más de 72,000 siguen desaparecidas.
The Washington Post afirmó que mientras el número de militares desplegados en México desde 2006 se ha triplicado, también lo ha hecho el número de homicidios.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva echó mano al Ejército de su país como respuesta a una escalada de violencia en Río de Janeiro, hogar de famosas playas y lugares turísticos, así como de las favelas. En noviembre pasado, Lula adoptó la Garantía de la Ley y el Orden (GLO), que otorga a los militares el poder para actuar en puertos y aeropuertos tanto de Río de Janeiro y Sao Paulo con el fin de combatir el crimen organizado.
Las fuerzas armadas trabajarán en conjunto con la Policía Federal mientras dure la medida -hasta mediados de 2024, de momento- en la lucha contra el crimen organizado.
“Estamos evaluando enviar una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las Fuerzas Armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”, dijo al mediodía del martes el ultraderechista argentino, Javier Milei. Se trata de la intención de reformar la ley para que las fuerzas armadas puedan actuar en seguridad interna, algo que no es posible según los parámetros actuales.
Un día después, su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer un nuevo reglamento para el uso de armas de fuego entre las fuerzas federales, entregándoles la posibilidad de disparar en casos de inminente peligro.
La escalada, todo en una semana, se dio tras los asesinatos de cuatro inocentes en Rosario, ciudad azotada por el narcotráfico desde hace años, pero durante las últimas semanas, la violencia ha incrementado como respuesta a las medidas gubernamentales en las cárceles de la provincia de Santa Fe.