Le da 21 días para notificar a los migrantes en su idioma natal para que tenga tiempo de apelación
Charlotte Sweeney, jueza federal de Colorado, se ha sumado la pelea judicial contra la administración de Donald Trump, informaron medios de prensa internacional.
A partir de ahora, antes de llevar a cabo una deportación como la de mediados de marzo a El Salvador, el presidente deberá notificar a los migrantes venezolanos con 21 días de antelación, un tiempo en el que estos podrán apelar ante los tribunales.
Es la primera vez, desde que el republicano llegó la Casa Blanca, que una autoridad judicial dicta cómo el nuevo Gobierno debe hacer uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, en virtud de la cual fueron enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el Salvador, 238 migrantes catalogados de “criminales”.
La ACLU comunicó al Tribunal Supremo que, “independientemente de lo que el debido proceso pueda requerir en este contexto”, es inadmisible “trasladar a una persona a una posible cadena perpetua sin juicio, en una prisión conocida por la tortura y otros abusos, apenas 24 horas después de proporcionar un formulario de notificación solo en inglés que no da información sobre el derecho de la persona a solicitar una revisión judicial, y mucho menos el proceso o el plazo para hacerlo”.
Ahora, gracias al fallo a favor de la ACLU, la jueza no solo otorga la orden de restricción temporal a las deportaciones, sino que sostiene que las notificaciones deberán ser enviadas “en un idioma que el individuo entienda”.
En declaraciones a CBS News, Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, agradeció a la Corte que “haya puesto fin al intento ilegal del gobierno de Trump” de enviar a los migrantes de Colorado a la mega prisión salvadoreña.
“El debido proceso es fundamental para el estado de derecho en este país, y el gobierno ha demostrado un desprecio flagrante por este derecho civil esencial”, declaró.
Macdonald también enfatizó que el deseo de la administración de Trump “de evadir el debido proceso es una amenaza para todos”.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), dijo que, con las deportaciones a El Salvador a mediados de marzo, su organización ha documentado varios casos en que la nueva administración pasó por encima de la ley. No solo siguieron enviando vuelos al país centroamericano a pesar de que un juez ordenó que los frenara, sino que expulsó por “error” a personas, como el salvadoreño de 29 años Kilmar Abrego García, cuyos abogados exigen su retorno. Pappier ve un peligro futuro en todas esas acciones.