Denuncia condiciones inhumanas en los centros de detención, aumento alarmante en los ataques contra defensores de derechos humanos
El informe anual de Amnistía Internacional revela una situación alarmante en Venezuela, marcada por represión de las protestas poselectorales, con al menos 900 personas detenidas arbitrariamente, reportes de tortura y deterioro constante en las condiciones de detención, informó el diario El Nacional.
“Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, al menos 24 personas perdieron la vida; muchas de estas muertes podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, incluyendo a dos menores entre las víctimas”, señala la organización pro derechos humanos en su informe correspondiente al 2024.
Indica que, para octubre del año pasado, la ONG Foro Penal había documentado más de 1,900 arrestos, entre ellos 129 niños. Afirma que muchos de los detenidos sufrieron desapariciones forzadas durante días y fueron llevados ante tribunales antiterroristas sin las garantías procesales adecuadas, imputándoseles cargos relacionados con el terrorismo.
Expresa profunda preocupación ante las denuncias de torturas y tratos crueles infligidos a los detenidos, entre ellos niños y mujeres, que fueron sometidos a golpizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual.
Amnistía Internacional denuncia asimismo que las condiciones en los centros de detención siguen empeorando: “El hacinamiento extremo, la falta de acceso a alimentos y agua potable así como una atención médica inadecuada son comunes”.
La ONG señala que la crisis humanitaria en Venezuela ha llevado a casi ocho millones de personas a abandonar el país.
Añade que muchas de esas personas enfrentan expulsiones ilegales y prolongadas detenciones administrativas en el extranjero, pobreza extrema, xenofobia y barreras para acceder a los servicios básicos, además de dificultades para obtener estatus de refugiado o protección internacional.
Recordó la reciente expulsión de 238 venezolanos de Estados Unidos a El Salvador, a pesar de orden judicial que prohibía expresamente su traslado.
“Este acto no solo representa un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del gobierno del presidente Donald Trump”, afirma.
La organización también señaló: “El Centro para los Defensores y la Justicia documentó un alarmante aumento de ataques contra defensores, pasando de 524 en 2023 a 979 en el 2024”.
“Se registraron al menos 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria de al menos 12 periodistas durante o después de las protestas poselectorales”, denuncia Amnistía Internacional.
Subrayó que las autoridades han confiscado equipos de trabajo y cerrado al menos 14 emisoras de radio a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
También le atribuye restricciones al acceso a redes sociales como X, y aumento en ataques de phishing dirigidos a cuentas de periodistas.
La organización señala que 82% de la población vive en condiciones de pobreza, con 53% sumido en la pobreza extrema. El salario promedio apenas supera los $3 mensuales.
“La población continúa careciendo de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, con un sistema de salud pública colapsado y escasez de medicamentos esenciales”, señala el informe.
Destaca que los derechos de la mujer y las personas LGBTI siguen siendo violados.