APEDE hace un llamado al diálogo, reitera que “vivimos en democracia y tenemos que aprender a escucharnos”
A través de un comunicado, indican que, aunque respaldan el derecho a la protesta pacífica consagrado en la Constitución Nacional, consideran que los tranques de calle afectan la paz social, dañan la economía nacional y vulneran los derechos de productores, trabajadores y ciudadanos.
ACPTA exige a las autoridades “que garanticen el orden público, cumplan con su mandato constitucional y velen por el bienestar general de la población, sin ceder ante medidas de presión que afectan a miles de panameños inocentes”.
En tanto, Giulia De Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), reconoció que la protesta es un derecho constitucional, pero reiteró su rechazo al cierre de calles que atentan contra la economía del país, indicó al diario La Estrella.
La gente puede perfectamente protestar de otras maneras, mediante marchas, que se ha hecho. La protesta no se debe castigar. Lo que sí deben hacer es abrir las calles”, destacó De Sanctis.
De Sanctis hizo un llamado al “diálogo con objetivo”. “Hay que recordar que vivimos en democracia. Y tenemos que aprender a escucharnos”, sostiene el informe.