Cuando la justicia es intervenida desde el poder político, ya no importa la ley, el debido proceso ni la imparcialidad judicial. La balanza deja de estar en equilibrio y se convierte en una herramienta para castigar a quienes alzan la voz, a quienes no se arrodillan. Hoy, esa historia se repite con un nuevo rostro: Genaro López, dirigente histórico del SUNTRACS, víctima de una decisión judicial que huele más a consigna política que a legalidad.
Desde el inicio de la audiencia de legalización de aprehensión, fue evidente que el juez de garantías Francisco Carpintero no actuaba con independencia ni objetividad. En un fallo que difícilmente resiste el más mínimo análisis jurídico, legalizó una aprehensión abiertamente ilegal.
Genaro López había sido notificado de la admisión de la querella en el 2022. Compareció, colaboró con el Ministerio Público, rindió entrevistas. No había motivo alguno para girar una orden de aprehensión tres años después, salvo por un objetivo no declarado: silenciarlo.
Lo más grave no es solo la forma, sino el fondo. Genaro López, al enterarse por los medios de que existía una orden en su contra, se presentó voluntariamente. No hubo fuga, no hubo resistencia, no hubo ocultamiento.
Aun así, el juez ordenó su detención provisional, ignorando que el propio Ministerio Público no acreditó ningún riesgo procesal, como exige el artículo 227 del Código Procesal Penal.
Pero la ilegalidad no terminó ahí. Genaro López tiene más de 70 años, sufre problemas de salud documentados y acreditados en la audiencia. El artículo 238 del mismo Código es claro: la detención provisional debe ser una medida excepcional, no aplicable en personas vulnerables como él. Aun así, el juez Carpintero, en abierta violación de este principio y de sus obligaciones constitucionales, mandó a Genaro López a la cárcel.
¿De qué sirve entonces tener un código procesal garantista, si en la práctica los jueces responden a intereses políticos? ¿De qué sirve que la ley hable de proporcionalidad, subsidiariedad y humanidad, si quienes deben aplicarla prefieren agradar al poder antes que cumplir su rol?
Esto no es justicia. Es venganza. Es persecución política disfrazada de legalidad. Es una advertencia dirigida no solo a Genaro López, sino a todo aquel que se atreva a protestar, a organizarse, a decirle al poder: Basta.
Pero si creen que con esto acallarán la lucha social, se equivocan. El pueblo panameño tiene memoria, dignidad y coraje. Y frente a la injusticia, responderá con más organización, más conciencia y más calle.