Considera este paso como una oportunidad para realizar los ajustes urgentes que requiere la normativa actual
La Asociación de Promotores de Chiriquí (APROCHI) recibió con optimismo el reciente anuncio del Ejecutivo para suspender temporalmente los efectos de la ley que este año reformó una legislación de 1985 sobre intereses preferenciales.
La organización gremial, considera este paso como una oportunidad para realizar los ajustes urgentes que requiere la normativa actual, cuya aplicación ha generado un impacto negativo en la industria.
Algunas modificaciones introducidas a la ley existente “han provocado la paralización del financiamiento bancario y la detención de proyectos habitacionales en nuestra región”, señaló APROCHI en un comunicado.
“Esto afecta a toda la cadena productiva, desde trabajadores y proveedores hasta las familias que sueñan con su primera vivienda”.
La asociación hizo un llamado al debate legislativo responsable y presentó tres propuestas clave que consideran indispensables para restablecer la estabilidad del sector y proteger el derecho a la vivienda digna.
Esas propuesta son:
1. Derogación del Artículo 12 de la Ley 468. Este artículo obliga a los bancos a renegociar los créditos hipotecarios seis meses antes de que finalice el subsidio, sin haber sido consensuado previamente con el sector financiero.
APROCHI advierte que esta cláusula ha generado incertidumbre operativa y frenado la aprobación de nuevos préstamos, por lo que urge su eliminación para restaurar la confianza entre la banca y los compradores.
2. Confirmar entrada en vigor de la Ley 468 para el 1 de enero de 2026. Actualmente, la ley está vigente desde su promulgación el 24 de abril de 2025, lo que ha creado incertidumbre jurídica sobre trámites en curso.
APROCHI apoya la propuesta contenida en el proyecto de ley 19-25 del Ejecutivo, que busca establecer como fecha de entrada en vigencia el 1 de enero de 2026, lo cual permitiría una transición ordenada para promotores, bancos y familias.
3. Eliminar la restricción de ocupación previa al 1 de agosto de 2025. La Ley 3 de 1985 restringe los subsidios a viviendas con permiso de ocupación antes del 1 de agosto de este año, dejando en un limbo legal a cientos de hogares que están listos para ser entregados entre agosto y diciembre.
APROCHI propone utilizar como criterio la fecha de escritura pública al 31 de diciembre de 2025, para no castigar a las familias por demoras técnicas o administrativas.
“Estas solicitudes no son simples observaciones técnicas, son acciones necesarias para proteger empleos, dinamizar la economía y, sobre todo, cumplirle a las familias panameñas”, subrayó el gremio.