Entre los proyectos pendientes destaca el proyecto de Ley 48, que busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal
En el cierre de su periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Nacional (AN) aprobó una serie de proyectos de ley enfocados en temas económicos, judiciales y sociales, varios de los cuales ya fueron sancionados por su trascendencia, mientras otros siete aún esperan la firma o el veto del presidente José Raúl Mulino, informó el diario Panamá América.
Entre los proyectos pendientes destaca el proyecto de Ley 48, que busca modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar con mayor severidad el hurto pecuario, una infracción que ha crecido en los últimos años.
La normativa propone sanciones de seis a ocho años de prisión para quienes se apoderen de ganado de manera ilícita o comercien con animales robados, incluso si estos han sido recuperados posteriormente por sus propietarios.
Según el diputado proponente Ronald De Gracia, esa ley busca frenar la impunidad de estos delitos, cuya persecución suele cesar cuando las víctimas retiran las denuncias tras recibir compensación o recuperar sus reses.
También resalta el proyecto que propone un aumento significativo en las penas por delitos sexuales, elevándolas hasta 25 años de prisión, según la gravedad del caso.
La iniciativa también exige que en casos de delitos contra menores de edad o personas con discapacidad, cualquier acuerdo de pena deberá tomar en cuenta la opinión de la víctima, como parte del proceso judicial.
En materia ambiental, otro proyecto propone establecer un marco normativo para implementar la economía circular, promoviendo el uso racional de los recursos naturales y exigiendo que quienes contaminen el ambiente se hagan responsables económicamente de los daños y la restauración del entorno afectado.
Por otro lado, el legislativo también aprobó una modificación a la Ley 45 del 2007 sobre protección al consumidor, el cambio exige que todos los productos comercializados en el país muestren en sus etiquetas el precio final, incluyendo los impuestos y tasas nacionales aplicables.
La propuesta busca brindar mayor claridad al consumidor y permitir una mejor planificación del gasto familiar.
Las reformas a la Alerta Amber y al sistema de intereses preferenciales ya han sido sancionadas por su impacto inmediato, pero los siete proyectos restantes, incluyendo los antes mencionados, han sido enviados al Ejecutivo, donde actualmente son revisados por un equipo legal que evaluará su viabilidad, pertinencia jurídica y técnica.