El caso ha reavivado críticas sobre el acceso desigual a tierras estatales y los beneficios que obtienen figuras públicas
El diputado y presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras defender públicamente la adjudicación de 42.6 hectáreas en Bocas del Toro por apenas $276, realizada hace cuatro años, de acuerdo a un informe del diario La Prensa.
Según el parlamentario, el monto pagado corresponde a los costos de titulación establecidos por ley, y afirmó que cualquier ciudadano puede acceder a ese mismo proceso.
“No he hecho nada que no esté en la ley. Eso es lo que cuesta titular tierras bajo los parámetros legales actuales. Cualquiera puede hacerlo”, sostuvo Robinson ante los cuestionamientos por el bajo precio pagado por un terreno de gran extensión y valor potencial.
No obstante, el caso ha reavivado críticas sobre el acceso desigual a tierras estatales y los beneficios que obtienen figuras públicas a través de procedimientos que, aunque legales, son percibidos por la ciudadanía como injustos o privilegiados.
El escándalo se agrava con la revelación de que el diputado está en proceso de tramitar la titulación de 132.8 hectáreas adicionales en el corregimiento de Chiriquí Grande, también en la provincia de Bocas del Toro, una zona de alta sensibilidad ambiental y con creciente interés económico.
El tema ha generado fuerte reacción entre sectores de la sociedad civil, ambientalistas y defensores de los derechos territoriales, quienes exigen una revisión del marco legal que permite la adjudicación de tierras del Estado a precios simbólicos, particularmente cuando se trata de funcionarios públicos con poder político.
Hasta el momento, las autoridades encargadas de regular y fiscalizar estos procesos, como la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), no han emitido pronunciamientos sobre este caso en particular, lo que alimenta la percepción de falta de transparencia y equidad en la gestión de tierras públicas.
El caso vuelve a poner en el debate nacional la necesidad de reformar las políticas de titulación y adjudicación de tierras, así como de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para los funcionarios que acceden a este tipo de beneficios.