La situación ha generado un prejuicio hacia la actividad
La contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, en la región de Azuero, ha desatado una profunda crisis que no solo amenaza el medio ambiente, sino también la estabilidad financiera del sector porcino, de acuerdo a información del diario Metro Libre.
En tal sentido, porcinocultores locales denuncian dificultades para renovar sus créditos bancarios, debido a la incertidumbre generada por señalamientos que —aseguran— no les corresponden en su mayoría.
Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá (APUP), afirmó que la situación ha generado un prejuicio hacia la actividad, provocando que entidades bancarias se abstengan de otorgar nuevos financiamientos.
“La misma población ha visto a los productores cargar con responsabilidades que no les pertenecen, y lo vamos a demostrar”, expresó Guevara.
Durante una audiencia judicial celebrada el pasado 20 de junio, solo tres fincas porcinas fueron señaladas como posibles focos de contaminación, informó Guevara, quien también detalló que las restricciones impuestas a estas granjas ya han sido levantadas tras no encontrarse evidencias definitivas de contaminación.
Por su parte, Carlos Villalaz, representante de la Asociación de Productores de Cerdos de Panamá (APROCERPA), enfatizó que el sector porcino no puede ser el único responsable de la contaminación.
“Se han identificado al menos 48 puntos de riesgo, lo que demuestra que este problema es más amplio. El compromiso del sector con el medio ambiente es claro, pero también se requieren cambios en la normativa vigente”, dijo Villalaz.
Desde la provincia de Los Santos, el productor Virgilio Samaniego sostuvo que la mayoría de las fincas en la zona cumplen con los requisitos ambientales y cuentan con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
“No estamos ilegales, como se ha querido hacer ver. No hubo derrames ni evidencia directa en nuestras instalaciones”, aseguró Samaniego.
Los porcinocultores reiteran su disposición a colaborar con las investigaciones, pero piden que se respete la presunción de legalidad de sus operaciones y se eviten generalizaciones que están poniendo en riesgo la viabilidad económica de cientos de familias dedicadas a esta actividad.