Los gremios productores lograron demostrar que existe suficiente arroz almacenado para abastecer el mercado nacional
La esperada reunión de la Cadena Agroalimentaria de Arroz, celebrada en las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Santiago, concluyó sin acuerdo sobre la controvertida importación de 1.1 millones de quintales de arroz en cáscara, en medio de una creciente tensión entre productores y autoridades, según información del diario La Estrella.
Camilo Mendoza, presidente de la Cadena, informó a La Estrella que, aunque no se alcanzó un consenso, los gremios productores lograron demostrar que existe suficiente arroz almacenado para abastecer el mercado nacional hasta mediados de octubre.
Según sus estimaciones, sumando la próxima cosecha, el país estaría cubierto hasta diciembre del 2025 o enero del 2026.
Sin embargo, el foco del conflicto sigue siendo el cargamento ya en tránsito de 462,000 quintales procedentes de Uruguay, cuya llegada ha sido calificada por los productores como ilegal.
Argumentan que el mismo no fue aprobado en el seno de la Cadena y que viola las Leyes 49 del 2017 (que regula las Cadenas Agroalimentarias) y 47 del 2016 (relativa a las licencias y contingentes de importación).
Los gremios arroceros sostienen que esta importación fue avalada el pasado 5 de junio como un contingente por desabastecimiento, una figura legalmente prohibida durante los periodos de pre-cosecha y cosecha nacional, que en Panamá se extienden de julio a septiembre.
La fecha límite de entrada del arroz importado es el 30 de agosto, lo que coincide directamente con la cosecha local.
Por su parte, el MIDA ha defendido la legalidad de la importación, alegando que se trata de un contingente adicional, distinto al concepto de desabastecimiento.
La entidad insiste en que el procedimiento cumplió con los requisitos legales y ha cuestionado la legitimidad de la reunión del 23 de junio, en la que algunos sectores intentaron revertir el acuerdo previo, alegando que no contó con la participación completa de los actores de la cadena.
La Asociación Nacional de Molineros de Arroz (ANALMO) apoya la posición del MIDA, argumentando que el sector requiere estabilidad y que la importación respeta el principio constitucional de la libre empresa, citado en el artículo 50 de la Constitución.
Camilo Mendoza advirtió que la legalidad del cargamento recae ahora en los representantes de Política Comercial y en el secretario de la Cadena, y no descartó que se convoque una nueva reunión para seguir abordando la controversia.
No obstante, la decisión final recaerá sobre el Consejo de Gabinete, que deberá analizar las recomendaciones técnicas y las posturas enfrentadas antes de emitir un fallo que impactará directamente la seguridad alimentaria, los intereses de los productores nacionales y los precios al consumidor.