Dicha medida forma parte de un plan más amplio para aumentar la eficiencia estatal
Las autoridades de los ministerios de la Mujer, Desarrollo Social (Mides) y de la Presidencia mantienen activa una mesa de diálogo para evaluar la transformación del Ministerio de la Mujer en una Secretaría adscrita al Mides, informó el diario La Estrella.
El tema tomó relevancia tras el discurso de rendición de cuentas del presidente José Raúl Mulino, ante la Asamblea Nacional (AN)el pasado 1 de julio, donde anunció que dicha medida forma parte de un plan más amplio para aumentar la eficiencia estatal, el cual también contempla la reestructuración de bancos estatales.
Aunque aún no se han revelado detalles concretos sobre recortes presupuestarios o restructuraciones internas, la propuesta ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad civil, especialmente en un contexto nacional marcado por altas tasas de violencia de género y desigualdad.
Desde su creación como Ministerio hace tres años, tras la transformación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), los recursos asignados a la entidad han mantenido un margen relativamente estable.
Como Inamu, el presupuesto osciló entre $5,2 millones y $7,1 millones, mientras que ya como ministerio, el monto más alto alcanzó los $11,8 millones en un período de tres años, lo que representa un aumento de $4 millones.
En cuanto al personal, el cambio institucional implicó un incremento menor: el Inamu contaba con 4,031 funcionarios y el Ministerio de la Mujer actualmente suma 4,214 colaboradores.
Distintas organizaciones y líderes han expresado su rechazo a la posible eliminación del Ministerio como entidad autónoma, entre ellas Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Por su parte, la fundación Todas Somos advirtió que la violencia contra las mujeres continúa en aumento y que la solución no pasa por desmantelar la institución: “El problema no es el Ministerio, sino quienes lo dirigen y la poca voluntad política. Eliminarlo en este contexto es un paso atrás”.
La propuesta aún está en etapa de evaluación y requerirá análisis técnico y político, así como la aprobación por parte de la AN. Grupos feministas y organizaciones de derechos humanos ya preparan pronunciamientos y movilizaciones para hacer sentir su voz en el debate público.