Gobierno defiende que la medida agilizará la ejecución del gasto público, pero diputados alertan posible falta de control y transparencia
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una propuesta incluida en el proyecto de presupuesto general del Estado para el 2026 que plantea aumentar el tope para autorizar traslados internos de partidas presupuestarias sin aprobación previa de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN) y el nuevo límite sería de $1 millón, en lugar de los $300,000 actuales, informó el diario La Prensa.
Según el MEF, la intención es agilizar la ejecución financiera del Estado, reducir la carga legislativa y evitar retrasos en reasignaciones de fondos dentro de instituciones públicas.
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, justificó la medida argumentando que el procedimiento actual genera cuellos de botella que afectan la operatividad del gobierno.
“Se vuelve algo muy engorroso. La programación de sesiones y la espera de aprobación han entorpecido el funcionamiento de muchas entidades públicas”, dijo Fernández, quien agregó que en el último año el Ejecutivo enfrentó serias demoras por tener que llevar múltiples solicitudes menores a la AN.
La propuesta indica que el Ejecutivo podrá procesar directamente traslados menores a $1 millón, siempre y cuando notifique a la AN para su conocimiento, pero sin requerir aprobación previa.
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación entre diputados, como Betserai Richards, quien advirtió que la medida podría abrir la puerta a abusos de fondos públicos.
Richards recordó que gracias al actual trámite legislativo se han logrado frenar gastos injustificados, y denunció que el MEF no ha entregado los informes exigidos sobre los traslados menores ya autorizados.
“El control legislativo ha sido clave para evitar despilfarros. Dar carta blanca para traslados de hasta un millón sin aprobación es un riesgo. La transparencia no debe sacrificarse por agilidad”, señaló Richards.
La propuesta deberá ser evaluada y aprobada por la propia AN como parte del proceso de discusión del presupuesto nacional del 2026. El tema promete generar un amplio debate político y técnico, en medio de la tensión entre el control parlamentario y la eficiencia en la gestión del gasto público.